Los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo, han planteado este martes en una reunión de las Mesas Conjuntas de ambas cámaras una propuesta firme y detallada para limitar los privilegios de los diputados y senadores. Entre otras cosas, apuestan por ser más rígido con las incompatibilidades, eliminar los complementos de pensiones y publicar los patrimonios de los parlamentarios en Internet a partir de septiembre.

La reunión culmina el proceso abierto a comienzos de año por José Bono con las fuerzas políticas para sondear las posibilidades de modificar el régimen de pensiones e incompatibilidades de los diputados, que también se aplicaría a los senadores, ya que el presidente de la Cámara Alta también ha participado en la reforma. Los puntos más importantes de la propuesta son:

No haría falta cambiar la ley (Ley Orgánica del Régimen Electoral General), ya que, según Bono y Rojo, es muy clara. Sí apuestan los dos por aplicarla "de una manera mas ajustada a su literalidad" y evitando que las excepciones "se conviertan en norma".

Proponen para ello una " doctrina" que consiga "hacer efectivo" el principio legal de dedicación absoluta con rigurosidad, sin generalidades y mirando cada caso particular, ciñéndose al carácter "tasado" de la excepcionalidad. Tiene que procederse asimismo a informar a todos aquellos posibles afectados para que no se pueda alegar en un momento dado "desconocimiento" de la norma y para que no se generen "expectativas injustificadas".

En la actualidad, las excepciones incluyen las actividades docentes y de investigación en la universidad, la "mera administración del patrimonio personal o familiar", la producción y creación literaria, científica, artística o técnica, así como las publicaciones derivadas de ellas y también otras actividades privadas que serán autorizadas por la respectiva comisión de cada Cámara.

Bono y Rojo recomiendan que su propuesta se extienda a todos los cargos públicos, "electivos o designados, cualquiera que sea la Administración Pública a la que pertenezcan, incluyendo los entes públicos, organismos autónomos y empresas públicas del  Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales", incluido el personal eventual "o de confianza". Para esto último sí que habría que modificar la ley, a nivel estatal y autonómico.

Proponen los presidentes de Congreso y Senado que las actividades, rentas y bienes de los diputados y senadores sean públicos. ¿Cómo? Modificando, ahora sí, el penúltimo inciso del artículo 160.2 de la LOREG mediante una proposición de ley que se tramitaría "por procedimiento de urgencia y en lectura única en los meses de junio-julio".

De esta manera, las páginas web de las dos cámaras mostrarían esta información a partir del mes de septiembre. Para que todo se haga con la  máxima transparencia, los formularios de declaración de bienes se aprobarán por las Mesas Conjuntas.

Es el apartado con más puntos y, según su redacción, se eliminaría para empezar el complemento de pensión que en su día se estableció para dar cobertura a diputados de las primeras legislaturas que sufrieron exilio y no pudieron cotizar a la Seguridad Social.

Por otro lado, se haría incompatible la indemnización por cese que reciben los exdiputados y exsenadores con "cualquier trabajo remunerado mediante sueldo, salario, arancel u honorarios" que perciba y y también con el cobro de pensión. Además, ya no se alargaría en el tiempo la cotización a la Seguridad Social de los exparlamentarios para poder completar el periodo que les permite cobrar una pensión de jubilación.

Las ayudas previstas en el Reglamento de Pensiones deberán ser motivadas y acordadas por tres quintos de las Mesas Conjuntas, es decir, por diez votos; y si fallece el parlamentario, ya no habrá ayudas al cónyuge o a los hijos menores de 25 años por fallecimiento. Todos los cambios de este tercer punto, que no requieren modificación de la ley, entrarán en vigor de forma inmediata, aunque se respetarán los derechos adquiridos.