Las Cámaras vascas dicen que las empresas no pueden "sufrir" las consecuencias de una actuación "legal"

Las Cámaras de Comercio vascas lamentan "la situación creada" por la decisión del Tribunal de Luxemburgo de declarar ilegales las 'vacaciones fiscales', ayudas concedidas por las diputaciones a empresas vascas en los años 90, al tiempo que han considerado que, "toda vez que se ha ejecutado con anterioridad la decisión adoptada en 2001 por la Comisión Europea de requerir la recuperación y devolución" de estas ayudas fiscales, las empresas "no pueden sufrir las consecuencias negativas de una actuación absolutamente legal".

Las Cámaras de Comercio vascas lamentan "la situación creada" por la decisión del Tribunal de Luxemburgo de declarar ilegales las 'vacaciones fiscales', ayudas concedidas por las diputaciones a empresas vascas en los años 90, al tiempo que han considerado que, "toda vez que se ha ejecutado con anterioridad la decisión adoptada en 2001 por la Comisión Europea de requerir la recuperación y devolución" de estas ayudas fiscales, las empresas "no pueden sufrir las consecuencias negativas de una actuación absolutamente legal".

En un comunicado, las Cámaras vascas, ante la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que considera las 'vacaciones fiscales' ayudas de Estado, contrarias a los principios de derecho comunitario las denominadas vacaciones fiscales, confirmando así la anterior decisión adoptada en 2001, han recordado que estas ayudas a la inversión y creación de empresas se pusieron en marcha en 1993 y 1994, un momento de "aguda" crisis económica, tras la entrada de España en la Unión Europea UE, dentro de una estrategia de "recuperación de Euskadi, que contaba con un paro superior al 20 por ciento y el cierre continuado de empresas".

Además, han indicado que la sentencia de Luxemburgo "no tiene consecuencias prácticas negativas, toda vez que se ha ejecutado con anterioridad la decisión adoptada en 2001 por la Comisión Europea, de requerir la recuperación y devolución de las ayudas".

Además, las Cámaras vascas han manifestado que las empresas "no pueden sufrir en un momento de difícil coyuntura económica, las consecuencias negativas de una actuación absolutamente legal realizada en los años 90".

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