La presidenta de TRAGSA, María Luisa Graña, ha rechazado que se haya "perseguido" a varios trabajadores de la BRIF de Prado de los Esquiladores, en Cuenca.

Graña ha señalado, en declaraciones a los medios en la inauguración de una Jornada sobre Responsabilidad social corporativa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que una reclamación presentada por siete empleados, sobre una plantilla total de 19.000 trabajadores, no es indicio de acoso laboral.

El pasado mes de mayo, una sentencia del Juzgado de lo social de Cuenca obligaba a TRAGSA a readmitir a siete trabajadores que no fueron recontratados en sus cargos en la Brigada de Refuerzos contra Incendios Forestales.

El problema surgió cuando los 50 trabajadores de la BRIF solicitaron a TRAGSA dejar de ser trabajadores fijos discontinuos para ser trabajadores fijos. La empresa pública contrató a todos excepto a siete empleados según Comisiones Obreras, por su peso sindical en la plantilla. Un punto que ratificaba la sentencia que argumentaba a su vez que la empresa tomó una "decisión caprichosa", "arbitraria" y sin justificación, e incurre en un acto de discriminación".

Graña ha señalado que en cumplimiento de esta resolución judicial, han readmitido a estos siete trabajadores pero también ha confirmado que han recurrido la sentencia.

"TRAGSA cuenta con más de 19.000 trabajadores por lo que si en un momento dado existe un litigio respecto a siete trabajadores, desde luego dentro de la casa no lo vivimos como una situación de crisis", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que "una reclamación laboral que afecta a siete trabajadores no puede tomarse en absoluto como un indicio de una situación de persecución o similar".

Graña ha destacado que el nuevo convenio colectivo de TRAGSA incorpora "por primera vez en la historia a todos los trabajadores de las BRIF que con anterioridad a la firma de este convenio no tenían una regulación laboral específica".

La presidenta de TRAGSA ha participado en la Jornada sobre Responsabilidad social corporativa organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

En este marco, ha señalado que TRAGSA, como empresa pública que actúa en el ámbito rural y medioambiental, debe convertirse en un ejemplo a seguir en el sector público y en el privado.