Los once jueces que integran esa corte conocieron el informe favorable a la extradición que presentó el magistrado Guillermo Ortiz Mayagoitia y desestimaron el amparo presentado por la defensa del grupo de acusados.

Los seis españoles fueron detenidos en México en julio de 2003 por su presunta relación con la trama financiera de ETA. Se trata de Juan Carlos Artola, Asier Arronategi, María Asunción Gorrotxategui, José María Urquijo, Ernesto Alberdi y Félix Salustiano.

Recurso de amparo  

El Gobierno español solicitó la extradición en septiembre de 2003, y el 30 de julio de 2004 la Cancillería mexicana accedió a la petición.

Sin embargo, la defensa presentó un recurso de amparo, que es el que ha sido desechado por la Suprema Corte.

La extradición se aprobó por lo delitos de "asociación ilícita e integración en organización terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas y blanqueo de capitales procedente de actividades terroristas".

60 días para el trámite

La abogada defensora de los acusados, Bárbara Zamora, dijo a la prensa que ya no existe otro recurso legal en México para evitar la extradición.

También señaló que el Gobierno español tiene 60 días a partir de hoy para hacer el trámite de traslado de los seis presos.

"Instancias internacionales"

Zamora dijo que esos 60 días permiten disponer de "tiempo para llevar el caso a las instancias internacionales".

Los jueces determinaron por 8 votos a favor y 3 en contra que el Tratado de Extradición México-España no viola la Constitución mexicana, tal como alegaba la defensa.

Del expediente del caso, originalmente llevado por el entonces juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, se desestimaron en México los cargos de "falsedad documental" al ser imposible determinar si éste había prescrito o no.

En la sesión de hoy los magistrados votaron de forma unánime a favor de desechar los argumentos de la defensa en torno a que en España se ejerce la tortura como una práctica en las investigaciones.

Sobre si la extradición tiene como fin castigar a los presuntos etarras por sus ideas políticas, la mayoría de los jueces (diez frente a uno) rechazó ese argumento y dijo que la medida es para que se les enjuicie por actos terroristas con recursos de procedencia ilícita.

Desde 1994, las autoridades mexicanas han expulsado del país a 26 miembros o presuntos miembros de ETA.

También han extraditado a uno, Óscar Cadenas, detenido a fines de 1996 y entregado a las autoridades españolas en febrero de 2000 acusado de estar implicado en 19 asesinatos.

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