Los trabajadores de las cámaras agrarias andaluzas se han concentrado este martes ante San Telmo, la sede de la Presidencia andaluza, coincidiendo con la celebración del Consejo de Gobierno de la Junta, para pedir "soluciones a su situación laboral" y exigir "explicaciones" sobre su futuro laboral, toda vez que la Ley de Reordenación del Sector Público contempla la extinción de estas instituciones.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma constituida por los trabajadores de las cámaras agrarias locales y provinciales, José Antonio Vallés, ha señalado que del total de 70 empleados de las cámaras agrarias se han concentrado ante San Telmo unos 45 trabajadores que permanecerán concentrados desde las 10,00 horas hasta las 14,00 horas.

Estos trabajadores ya protagonizaron una concentración ante la Consejería de Agricultura, donde fueron recibidos por un alto cargo de este Departamento, y prevén volver a concentrarse el 10 de junio ante Torretriana "para que se acelere la situación". Asimismo, a mediados de mes tienen prevista otra concentración ante la Cámara andaluza, para lo cual están contactando con los diferentes grupos parlamentarios para hacerles llegar sus reivindicaciones.

Según este portavoz, en la reunión que mantuvieron con el alto cargo de Agricultura y Pesca les indicaron que "lo que se está planteado en la mesa de liquidación de las cámaras agrarias es que los trabajadores pasen a trabajar a las organizaciones profesionales agrarias, Asaja, COAG, UPA y Faeca, quienes deberán decir sí o no, pero nos tememos que no querrán integrarnos, porque además les sobra personal".

No obstante, han apuntado que "no hay nada decidido sobre la mesa", por lo que estos trabajadores "no estamos del todo satisfechos con esta reunión, a pesar de que nos han asegurado que trasladarán nuestras peticiones al resto de departamentos de la Junta afectados".

"Si las organizaciones profesionales agrarias no nos integran alguien tendrá que hacerlo", ha agregado este portavoz, quien lamenta que la Junta no diga "que nos vaya a echar ni lo niega".

Hace varios meses, José Antonio Vallés, explicó a Europa Press que este colectivo temía que se produjeran "despidos masivos" a raíz de la aplicación de la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público andaluz, que contempla la extinción de estas instituciones, por lo que pidieron reunirse con la Junta para "evitar esos despidos" y para "no ser tratados como meros inmuebles y objetos".