El Congreso de Colombia dio luz verde este miércoles a la Ley de Víctimas, tras casi 50 años de conflicto armado, que beneficiará a más de cuatro millones de afectados por la violencia y no otorgará estatus de beligerancia a los grupos armados ilegales.

La nueva legislación, aprobada por 62 votos a favor y 3 en contra en el Senado y por 93 frente a tres en la Cámara de Representantes, reconoce la existencia de un conflicto armado en Colombia después de casi una década en la que el Gobierno anterior, bajo la presidencia Álvaro Uribe, negara ese hecho.

"Felicito y agradezco al Congreso por la aprobación de la Ley de víctimas. Es un hecho histórico para Colombia", señaló el presidente del país, Juan Manuel Santos, en un mensaje difundido en su perfil de Twitter.

Ahora la ley deberá pasar el control de la Corte Constitucional para que después la sancione el propio Santos, quien aguarda para hacerlo durante la próxima visita al país del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, entre el 10 y 12 de junio.

La ley pasó por numerosos debates antes de ser aprobada, en los que recibió duras críticas, como las de Uribe, reacio a reconocer el conflicto interno.

La legislación aprobada admite ese hecho, aunque no reconoce el estatus de beligerancia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército de Liberación Nacional (ELN), ni a ningún otro grupo armado ilegal.

El coordinador ponente, Juan Fernando Cristo, señaló a los periodistas que "ésta es la ley más importante que ha aprobado el Congreso de la República desde hace muchas décadas".

Y el representante de la ONU en Colombia, Bruno Moro, agregó que este primero de junio "será recordado como un día histórico", aunque reconoció que no es "una ley perfecta".

Esta ley reconocerá y reparará a cuatro millones de colombianos que han sido víctimas de los grupos violentos en los últimos 25 años, motivo por el que el presidente del Senado, Armando Benedetti, también la calificó de hecho histórico y dijo que "hoy se entrega al país una caja de herramientas para encontrar la paz".

Sólo se manifestaron en contra los senadores del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Jorge Enrique Robledo, Alexánder López y Gloria Inés Ramírez; aunque sus compañeros de partido Mauricio Ospina, Jorge Guevara y Luis Carlos Avellaneda votaron a favor.

Santos dijo al asumir el cargo, el 7 de agosto de 2010, que su Gobierno aspiraba a plantar las bases de "una verdadera reconciliación" entre los colombianos y el 27 de septiembre de ese año presentó él mismo la Ley, a iniciativa del Partido Liberal, en el Congreso.

Entre los aspectos fundamentales, la norma cobija los hechos ocurridos con posterioridad al 1 de enero de 1985, mientras que la restitución de tierras arropará los casos posteriores al 1 de enero de 1991. Las víctimas de hechos anteriores a 1985 accederán a una reparación simbólica y a las garantías de no repetición.

Igualmente, se establecen medidas especiales de asistencia en materia de salud, educación y acceso a un subsidio para cubrir los gastos funerarios derivados del conflicto.

Por último, se prevé la entrega de ayuda humanitaria para que las víctimas puedan sobrellevar las necesidades básicas e inmediatas que surgen tras un hecho de violencia.