La abogada de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Mercè Teodoro, ha destacado este jueves que son los poderes públicos "los que se deben encargar de que todos los ciudadanos tengamos derecho a la reciprocidad y mayor cota de nuestra lengua", por lo que ha indicado que el Estado debería intervenir para "resolver" la situación sobre las emisiones de TV3 en la Comunitat Valenciana.

En este sentido se ha manifestado Teodoro, en comparencia ante la Comisión de Cultura del Senado, en la que ha explicado que este conflicto se debería poner "en manos" del Estado, ya que además de ser su responsabilidad, las comunidades se han mostrado "incompetentes" para alcanzar acuerdos que garanticen la reciprocidad y den seguridad jurídica a esta situación.

En la comparecencia, que se produce a raíz de una iniciativa del grupo de senadores de Entesa y de ERC que la han solicitado para que ACPV responda a diversas cuestiones sobre las emisiones de TV3 en la Comunitat, también ha participado el presidente de la entidad, Eliseu Climent.

Así, la ACPV ha recordado los pasos que han efectuado para poner en marcha su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'Televisió sense Fronteres", para garantizar la emisión de TV3 en la Comunitat, que ha llegado a Mesa del Congreso, y que ahora, pasadas las elecciones municipales y autonómicas, iniciará su trámite parlamentario.

Asimismo, la abogada ha indicado que generar la reciprocidad de las televisiones en el area linguística catalana conllevaría un coste para el Estado de 3,7 millones de euros.

En concreto, Climent ha indicado que las emisiones se produjeron "de forma ininterrumpida y sin problemas" durante 26 años, por lo que han solicitado que se retomen y que así, se alcance la "absoluta reciprocidad" de forma que Canal 9 se emita en Catalunya y TV3 en la Comunitat.

"Nadie en el siglo XXI entiende que los poderes públicos se opongan al pluralismo en la comunicación y que los ciudadanos gocen de una amplia oferta comunicativa", ha indicado Climent quien además ha aseverado que este caso deja "perplejos" a los propios valencianos, de todas las ideologías.

Así, en respuesta a los periodistas, tras la comparencia, ha indicado que, por responsabilidad, el PP debería votar a favor de la ILP, ya que esa es la solución, que "no pasa directamente" por el hecho de que se otorgue un tercer múltiplex, sino por la aprobación de la iniciativa legislativa popular "para no quedarnos en la época de Mubarak, cerrando televisiones", ha indicado en alusión al exdirigente egipcio.

"un lujo que no se puede permitir la comunitat"

Por su parte, el senador del PP, José María Chiquillo, ha indicado que es "rotundamente falso" que el Gobierno valenciano haya cerrado alguna televisión. En concreto, ha señalado que esto se debe a que los emisores de televisión deben tener un título jurídico que los ampare y con TV3, al carecer de ella, la Generalitat "aplicó la legalidad".

"Es grotesco que se intente confundir a los ciudadanos, que se confunda legalidad con la censura", ha indicado Chiquillo al explicar que el cese de las emisiones "no ha coartado la libertad de expresión, ni ha sido un acto de censura", sino que correponde a la aplicación de la Ley.

Asimismo, el senador ha indicado que la Generalitat valenciana "nunca se ha negado a un acuerdo de reciprocidad", pero para que se produzca insta a que el Gonierno habilite un tercer canal múltiplex, que ya prometiera el ex ministro Joan Clos. "Es el ministerio el que se niega a ceder más espacio radioléctrico", ha subrayado.

Además, ha resaltado que "la Comunitat no puede asumir la reciprocidad porque técnicamente es imposible con los dos múltiplex que tiene". En esta línea, ha indicado que "destinar la mitad del segundo múltiplex del que dispone para emisiones de reciprocidad a un canal —TV3— que alcanza 0,3 y el 0,5 por ciento de audiencia es un lujo que Valencia no se puede permitir".

"dispuestos" al acuerdo

En esta línea, la senadora de CiU, Coralí Cunyat, ha manifestado que la culpa de esta situación además de tenerla el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, es de los exministros de Industria Joan Clos y José Montilla, que "no habilitaron el tercer múltiplex".

Así, ha recalcado que el Gobierno catalán "está dispuesto" a poner de su parte para favorecer esta reciprocidad y para que sea una realidad también con el gallego y el euskera, y se favorezca el desarrollo lingüístico.

Por su lado, el senador de la Entesa, Miquel Bofill, quien también ha lamentado la situación, ha destacado "lo positivo" del hecho de que parece que "hay voluntad de reciprocidad", y en esa línea ha manifestado que "se tienen las bases para llegar a un acuerdo".

Finalmente, el senador del PSOE, Manuel Hurtado, ha indicado que no se puede "coartar" con multas la libertad de expresión, en alusión a las sanciones que se les ha impuesto a ACPV, que les han llevado al cese de las emisiones.