La Audiencia de Málaga ha condenado a cinco años de prisión a un hombre por estafar a una pareja británica en la venta de una parcela que no estaba inscrita en el Registro y formaba parte de suelo no urbanizable, con una vivienda sin terminar, que no respetaba las distancias mínimas y que había sido levantada sin licencia.

Según se declara probado en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el acusado se dedicaba al negocio de la intermediación inmobiliaria, anunciándose a través de publicaciones y una página web como especialista en propiedades rurales para captar compradores entre el público inglés.

Una pareja británica se interesó por un anuncio en el que se ofrecía una parcela con agua y luz de 1.900 metros cuadrados, con una casa de 120 metros cuadrados, aunque no se decía que "no estaba inscrita" en el registro y formaba parte de suelo no urbanizable del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, según se dice.

Además, según se indica en la resolución, carecía de la superficie mínima que permitiera la construcción de una vivienda, construcción que debía respetar una distancia mínima desde los linderos, lo que no sucedía con el edificio "no terminado" que había en la parcela, pues "había sido levantado sin licencia alguna".

Pese a tales deficiencias, señala la Sala, "el acusado nada dijo y al amparo de la imagen de seriedad que desde su oficina inmobiliaria ofrecía, convenció a los perjudicados no sólo para adquirir la parcela sino para encargarle a él mismo las obras necesarias para finalizar la construcción que había".

Para ello, firmó dos contratos privados, habiendo entregado el matrimonio algo más de 60.000 euros, cantidad a la que se le condena a pagar al acusado. Los compradores, según la sentencia, "no han podido inscribir la propiedad ni construir casa alguna, no habiendo tampoco recuperado el dinero entregado".

El acusado dijo, como en su momento también su hermano, ya juzgado por esta causa, que la situación de la parcela era legalizable. Al hombre se le condena por un delito de estafa. Además de los cinco años de prisión impuestos y la indemnización de 60.700 euros que deberá pagar, se le condena a una multa de 10.800 euros.