La deuda de las administraciones públicas con los contratistas de obra pública se eleva a entre 200 y 240 millones de euros aproximadamente, el 90 por ciento de los cuales pertenecen al Gobierno de la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos, lo que origina una situación "insostenible" que está haciendo desaparecer a "muchísimas empresas del sector".

En concreto, la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región de Murcia ha perdido tres cuartas partes de sus asociados en los últimos tres años, hasta sumar solo 75, en un sector que da trabajo a más de 20.000 personas, según han reconocido en rueda de prensa el presidente de esta entidad, Luis Fernández, el secretario, José María Riquelme, y el vocal de la Junta Directiva, Enrique Fernández-Delgado.

"El retraso cada vez más patente de las administraciones en los pagos a las empresas del sector hace que el servicio creado por Frecom para información y asesoramiento en la reclamación de cantidades e intereses adeudados está funcionando a pleno rendimiento", según Fernández, quien ha dicho que esta demora en los pagos se ha visto acentuada desde marzo de 2010.

Respecto a la autorización de emisión de deuda concedida por el Gobierno central a la Comunidad Autónoma y su posible repercusión en el saldo de estos retrasos, Fernández ha confiado en que la Administración "sepa ser justa a la hora de ordenar la prelación de pagos y que dé prioridad a los pagos más antiguos", aunque ha confirmado que esto "no va a solucionar en absoluto la totalidad de la deuda".

Y esta situación de endeudamiento se da a pesar de que el importe total licitado por el conjunto de administraciones en la Región de Murcia durante 2010 ha sido de 461 millones de euros, un 47,6 por ciento que en el año 2009, lo que representa "uno de los mayores descensos de la licitación de obra pública de toda España en el 2010", según Fernández.

Esta cifra no se reparte igual entre todas las administraciones, pues la Comunidad Autónoma "lidera el descenso en la inversión con 122 millones de euros, un 62,9 por ciento menos que en 2009, mientras que el total licitado por la administración local se eleva a 243 millones de euros, un 48,5 por ciento menos que en 2009". Por el contrario, la administración central fue la única que aumentó su licitación un 20,3 por ciento, con un total de 96 millones de euros.

Estos datos tienen un "efecto de arrastre sobre toda la industria auxiliar y de materias primas y materiales del sector, lo que hace que el subsector haya entrado en una situación muy delicada, con grave riesgo de destrucción del tejido regional de pymes que se dedican a la obra pública y que se acentúa por la elevada morosidad de las administraciones".

Además, Fernández ha señalado que "quedan por concretar los supuestos retrasos en las grandes obras de infraestructuras, para saber en qué medida la Región de Murcia puede ver perjudicado su posicionamiento para salir de la crisis", por lo que solicita al Gobierno central "que se mantengan los plazos previstos, ya que Murcia "ya está en desventaja con respecto a otras de igual potencialidad y población".

Formas de adjudicación

Por lo que respecta a las formas de adjudicación, Fernández ha criticado que en el ámbito territorial de la Región de Murcia "se sigue apostando mayoritariamente por el criterio único del precio, sistema en el que se prima la rebaja que el licitador está dispuesto a realizar con respecto al precio de salida de la obra.

Por el contrario, ha señalado que se suele desechar el concurso, en el que "también e valora la experiencia, los medios técnicos y humanos con los que cuenta la empresa e incluso las mejoras que ésta puede aportar al pliego de condiciones".

Este sistema, a su juicio, propicia también "que se incurra en bajas de precio temerarias que, a la larga, lejos de suponer un ahorro de costes para la administración licitante, incrementan los mismos, recurriendo a modificados en el contrato y suponiendo, por este concepto, dilaciones en la conclusión de las obras y también el consiguiente coste de impacto social que supone el retraso de la puesta en marcha de obras sociales y edificaciones".

Asimismo, para las empresas que están manteniendo sus plantillas de trabajo "supone una situación especialmente gravosa, pues las perspectivas de ingresos por adjudicaciones se ven mermadas en función de las rebajas en el precio anteriormente citadas".

Asimismo, ha reseñado que el criterio único de precio "perjudica a las empresas regionales porque, si bien técnica y humanamente pueden competir en igualdad de condiciones con otras empresas de implantación nacional, no ocurre así en el plano económico, pues es el mayor volumen de obra de las grandes empresas permite compensar las pérdidas en las que pueda incurrir en obras más pequeñas".

Por último, los contratistas de obra pública han solicitado a las entidades financieras y las administraciones "que se conviertan en un revulsivo y no en una rémora para el sector, para lo que han de revisar sus criterios de financiación, atendiendo a las carteras de pedidos y licitaciones concedidas".