El TSJC concluye que Sanidad no tiene que mantener el transporte a los trabajadores de Liencres

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha fallado a favor del Gobierno regional y ha concluido que la administración sanitaria no tiene que seguir manteniendo el servicio de transporte del que disfrutaban los trabajadores del Hospital de Liencres antes de su integración en Valdecilla.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha fallado a favor del Gobierno regional y ha concluido que la administración sanitaria no tiene que seguir manteniendo el servicio de transporte del que disfrutaban los trabajadores del Hospital de Liencres antes de su integración en Valdecilla.

De esta forma, la Sala de lo Contencioso Administrativo admite un recurso del Gobierno cántabro y revoca una sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander que reconoció a un grupo de trabajadoras el derecho a que se les mantuviera el servicio de transporte.

Según se explica en la sentencia, conocida este lunes, lo que reclamaban estas nueve trabajadoras es poder seguir beneficiándose del servicio de transporte que tenían cuando eran personal laboral del Hospital de Liencres, un servicio que dejó de prestarse tiempo después de su integración como personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud (SCS). En su recurso solicitaba mantener el servicio o, en su defecto, un plus de transporte.

Para sustentar esa reivindicación, alegaban, por un lado, que el servicio de transporte era en la práctica un "auténtico pago de salario en especie"; y añadían además que se siguió prestando 18 meses después de la transformación en personal estatutario, con lo cual se había reconocido de forma tácita ese derecho.

El Juzgado de lo Contencioso admitió sus argumentos y les reconoció el derecho al transporte, entre otras cosas, por ese "reconocimiento tácito" del derecho, pero el TSJC no comparte esa visión y da la razón al Gobierno.

Según explica la Sala de lo Contencioso en su sentencia, la administración regional mantuvo el servicio no por reconocimiento de un derecho, sino por "una especie de inactividad consistente en no ordenar su cese".

Además, destaca que el propio Gobierno explica que se siguió prestando el servicio mientras siguieron vigentes los contratos de transporte previamente concedidos.

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