La futura ley reguladora del Deporte Profesional asegurará que un porcentaje de la recaudación que se obtenga en todas las modalidades de apuestas deportivas retornará al mundo del deporte.

Así lo han pactado el PNV y el PSOE, que han incorporado en el Senado una enmienda a la Ley del Juego, para asegurar ese retorno al deporte de una parte del dinero que los ciudadanos gastan en las apuestas deportivas.

El pleno del Senado ha aprobado, con la abstención del PP, el proyecto de Ley del Juego, que regula por primera vez, además de las modalidades de juego más arraigadas como el bingo o el casino, todos los nuevos tipos de apuestas que se pueden realizar a través de Internet o del móvil, que carecen de un marco regulador y se encuentran en la actualidad en una situación de "alegalidad".

Entre las novedades que han incorporado los senadores a este texto destaca el compromiso de fijar en la futura Ley del Deporte Profesional los porcentajes que deberán retornar al deporte y de establecer en esa ley el régimen de participación y distribución que corresponda, en el que se incluirán las asociaciones o sindicatos de deportistas profesionales, que percibirán esas cantidades en función de su afiliación.

Los portavoces de todos los grupos parlamentarios han subrayado la necesidad de una ley que regule el juego "online", que en la actualidad se realiza desde la "alegalidad", y han coincidido además en que esta ordenación evitará que el juego pueda ser usado para actividades ilícitas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

El pleno del Senado ha incorporado además algunas enmiendas que refuerzan la protección de las personas que consumen juegos y apuestas por internet.

La ley prevé un periodo transitorio -el Senado ha fijado hasta el 1 de enero de 2012- para que las empresas puedan regular su situación y sus actividades de patrocinio (muchas de las grandes empresas que ofrecen juego por internet patrocinan equipos de primera división de fútbol) y de publicidad en los medios de comunicación.

La ley, que regresa al Congreso para su aprobación definitiva, establece nuevos mecanismos de regulación y de ordenación del sector para reforzar la seguridad jurídica de los operadores y de los consumidores de los diferentes juegos, además de para proteger a los menores de edad, a las personas que están incapacitadas legalmente para jugar, y a las que han pedido voluntariamente que no se les deje acceder al juego para prevenir situaciones de ludopatía.

Entre las novedades que incorpora el texto destaca la creación del Consejo de Políticas del Juego, un órgano en el que estarán representadas las comunidades autónomas.

Además, la Comisión Nacional del Juego será el organismo que autorice, supervise y controle esta actividad, además de ser el responsable final de imponer las sanciones, que pueden llegar a ser de hasta 50 millones para las "muy graves", entre las que figura la de ofrecer juegos sin tener licencia.

La Ley establecerá además un nuevo impuesto, que se distribuirá íntegramente entre las comunidades autónomas, excepto el gravamen sobre las apuestas mutuas deportivas o hípicas estatales, que corresponderá al Estado.

Todos los grupos han coincidido al apuntar la necesidad de esta norma, aunque el PP ha criticado la "improvisación", la falta de diálogo" y la "excesiva urgencia" del Gobierno y el PSOE por aprobarla; "no es nuestra ley", ha concluido el portavoz popular José Muñoz.

El senador popular ha criticado además la creación, en tiempos de crisis y de austeridad, de nuevos organismos como la Comisión Nacional del Juego, y ha criticado la privatización parcial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

El socialista Manuel Hurtado ha subrayado que no se trata de "una ley cualquiera", y ha observado que se trata de regular un mercado que ha proliferado por Internet, que está presente en los medios de comunicación digitales, y que algunas de las empresas que lo operan en España participan en importantes actividades de patrocinio.