El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha reiterado este lunes a Unións Agrarias (UU.AA.) su compromiso de poner a disposición de las empresas proveedoras de Clesa las líneas de avales del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

"Ya les explicamos que el Igape tiene unas líneas de avales a las cuales tienen que acceder, hacer su propuesta, explicar su situación", ha afirmado Guerra, en respuesta a las quejas del sindicato Unións Agrarias en relación a que productores y explotaciones siguen registrando retrasos en pagos por la falta de avales.

"El Igape está absolutamente dispuesto, como siempre. Queremos ser siempre parte de la solución y no del problema", ha destacado el conselleiro de Industria.

Además, Javier Guerra ha asegurado que "los trabajadores de Clesa saben muy bien" que están "de su lado". "Tuvimos dos reuniones con ellos de forma directa, saben que tenemos un plan conjunto. La Xunta puso a su disposición un gabinete jurídico", ha asegurado el conselleiro para destacar el papel de la Administración autonómica en la resolución de estas empresas. CONVENIO

El conselleiro de Economía realizó estas declaraciones en Pontevedra durante la firma, con el presidente de la Diputación provincial, Rafael Louzán, del convenio que prorroga por un año más el trabajo de la Oficina provincial de Información al Consumidor (OPIC) de Pontevedra.

Guerra ha señalado que los objetivos fundamentales de este nuevo convenio coinciden con uno de los compromisos prioritarios de la Consellería de Economía e Industria: mejorar el servicio de atención e información a los consumidores gallegos de una manera coordinada, y consolidar la formación y difusión en materia de consumo.

Así, ha explicado el conselleiro que siguen "mejorando la red provincial profesionalizada de información al consumidor, con la OPIC como punta de lanza y coordinando el trabajo de las oficinas municipales de información al consumidor, impulsando la difusión de la mediación y del sistema arbitral de consumo de Galicia en la provincia de Pontevedra y de diferentes acciones de formación y educación en materia de consumo".

Según los datos facilitados por Guerra, en la provincia de Pontevedra se recibieron en los dos últimos años casi un 30 por ciento de las reclamaciones de consumo de Galicia, mayoritariamente referidas a facturas eléctricas.

Rafael Louzán ha indicado, por su parte, que el acuerdo firmado entre la consellería y la Diputación de Pontevedra "consolida, refuerza y mejora" el trabajo de la OPIC con el "asesoramiento a los ayuntamientos, en particular a los de menos de 5.000 habitantes; la atención directa a los consumidores; la tramitación de las reclamaciones; el control del mercado y la detección de productos inseguros, y la promoción de la resolución extrajudicial de conflictos; del fomento de las organizaciones de consumidores y el impulso a creación de órganos de participación ciudadana en materia de consumo".