La demanda del servicio de asistencia jurídica gratuita del Gobierno se reduce un 5,9% tras diez años de incrementos

El Ejecutivo dedicó 2,5 millones en 2010 a sufragar el servicio que ofrecen los colegios de abogados y procuradores

El servicio de asistencia jurídica gratuita que presta el Gobierno de Navarra en coordinación con los colegios de abogados y procuradores de la Comunidad foral registró en 2010 un total de 8.794 solicitudes, lo que supone una disminución del 5,9 por ciento, la primera reducción de peticiones en una década. El descenso es más acusado en los partidos judiciales más pequeños, hasta alcanzar un 22,6 por ciento en el caso de Tafalla y un 10,7 por ciento en Estella.

Los datos marcan un ejercicio de estabilización de la demanda de este recurso, tras diez años de importantes incrementos anuales que han provocado que desde 2000 -primer ejercicio completo tras la ejecución de las transferencias en materia de Justicia, que tuvieron lugar el 1 de octubre de 1999-, la demanda del servicio de asistencia jurídica gratuita se haya quintuplicado.

El Gobierno de Navarra destinó el año pasado 2,5 millones de euros a sufragar este servicio, destinado a garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos con escasos recursos económicos. En concreto, el Ejecutivo dedicó 2,2 millones para sufragar la cobertura ofrecida por los colegios de abogados y 264.000 euros por el apoyo que prestan los procuradores. Esta cifra supone un incremento del 1,1 por ciento del gasto respecto a 2009, según datos facilitados por el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.

Por razón de sexo, 4.441 de los expedientes contabilizados en 2010 fueron iniciados por varones y 4.353, por mujeres. Resulta significativa la práctica equiparación de las solicitudes realizadas por ambos sexos, frente a las diferencias registradas en ejercicios anteriores (en 2009 y 2008 los expedientes de mujeres representaron el 31% y el 44%, respectivamente, frente al 49,5% que alcanzaron el año pasado).

Respecto al origen de los demandantes, 5.160 solicitudes procedieron de nacionales (el 58,6% del total) y 3.634 de extranjeros, con una tendencia a recortar distancias entre ambos, ha informado el Gobierno.

Atendiendo al orden jurisdiccional, los procedimientos del orden penal continuaron representando el año pasado más de la mitad de las solicitudes cursadas (59%) y prácticamente duplicaron las solicitudes del orden civil y de familia (32% de los casos). La conflictividad del área contencioso-administrativa generó el 4% de las solicitudes, la referida al orden social un 3% y los casos de extranjería, un 2%.

Destaca una ligera disminución en todas las jurisdicciones salvo en el orden civil y de familia, cuyo incremento se vincula a la situación económica, ya que parte de las solicitudes de asistencia jurídica estuvieron dirigidas a cursar reclamaciones de cantidades y ejecuciones hipotecarias. Cabe destacar que la jurisdicción penal presenta por primera vez una curva descendente, al ver disminuido un 10,5% el volumen de expedientes. El mayor descenso, no obstante, corresponde al área de extranjería, donde las solicitudes se han reducido un 30,5%.

Comisión evaluadora

El servicio incluye un sistema de guardia permanente que garantiza la posibilidad de acceder a este recurso durante las 24 horas del día. Se presta asistencia letrada a personas detenidas o presas, defensa por abogado y representación a través de un procurador en el turno de oficio, peritajes y gastos de funcionamiento. La mayor parte de las solicitudes las atiende el Colegio de Abogados Pamplona (69% de las registradas en 2010), seguido de los colegios de Tudela (17%), Estella (8%) y Tafalla (6%), en colaboración con los colegios de procuradores.

Las peticiones de asistencia jurídica gratuita son evaluadas por una comisión integrada por representantes del ministerio fiscal, colegios de abogados y procuradores y técnicos del Gobierno de Navarra, atendiendo a los ingresos y a las cargas de los solicitantes. Esta comisión analiza si la demanda del solicitante prosperará en los tribunales, esto es, si se trata de un caso perdido, si su resolución corresponde a otras instancias o si existe temeridad en el pleito.

Como norma general, pueden acceder a esta ayuda las personas físicas con ingresos anuales de su unidad familiar inferiores al doble del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). Las ayudas pueden ser al 80% o al 100%, dependiendo de los ingresos.

En casos excepcionales (circunstancias familiares, número de hijos, estado de salud, etc.) también es posible acceder a la asistencia jurídica gratuita si la renta es inferior al cuádruple del IPREM. El Gobierno de Navarra también asiste a quienes no tienen ingresos de ningún tipo (especialmente, personas inmigrantes e internos en el centro penitenciario).

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