La Diputación de Granada ha rechazado en pleno, con los votos en contra del equipo de gobierno (PSOE e IU) y a favor del PP, la creación de una comisión de investigación para esclarecer si se produjeron irregularidades en el primer ejercicio de las oposiciones a auxiliar de enfermería convocadas por la institución.

El asunto se ha abordado en el transcurso de una sesión extraordinaria celebrada a petición del PP, que además de la comisión de investigación ha solicitado la paralización del proceso selectivo, aunque este asunto no ha sido debatido porque el tribunal de selección ya decidió el pasado día 15 repetir el ejercicio estimando las reclamaciones y los recursos de alzada presentados por los aspirantes y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

El portavoz del grupo popular en la Diputación, José Antonio Robles, ha considerado que, después de reconocer el tribunal que 15 preguntas no estaban bien formuladas y que a pesar de eso hubo personas que sacaron más de un 9 de nota, "no cabe ninguna duda" de que se han filtrado preguntas —según CSIF a personas vinculadas con el PSOE y UGT—.

Por ello, Robles ha considerado necesario que cuando se repita el examen "el tribunal no sea el mismo porque, según ha dicho, "está desacreditado" tras este incidente y ya cuenta con "la confianza de los opositores".

Asimismo, ha insistido en la idea de la institución establezca un protocolo para el desarrollo de las oposiciones al objeto de "evitar que nadie se sienta defraudado" en estos procesos selectivos. "Si está claro que hay irregularidades, hay que investigarlo" porque las responsabilidades hay que asumirlas", ha advertido el dirigente popular.

Por su parte, el diputado provincial de Recursos Humanos, Javier Torices, ha defendido la transparencia de este proceso selectivo y ha recordado que la institución ha concedido 6.000 contratos en estos cuatro años por un periodo máximo de seis meses y 174 plazas y nunca se han producido problema o reclamación alguna.

Tras repasar el modo en que se han estudiado los reclamaciones y se ha decidido la repetición del examen, Torices también ha querido defender a los miembros del tribunal, que, según mantiene, han sido escogidos a propuesta de los diferentes servicios.

Finalmente, el vicepresidente segundo y diputado provincial de IU, Julio Bernardo, se ha mostrado a favor de que se repita la prueba ante las reclamaciones presentadas, aunque es contrario a la comisión de investigación solicitada por el PP porque a su juicio esto supone la búsqueda de responsabilidades políticas sin ahondar el papel de los funcionarios, como a su entender cabría en este caso.

El presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, ha cerrado la sesión plenaria recordando que "mientras no se demuestre lo contrario" las personas que han aprobado lo han hecho "con todas las de la Ley".

También ha tachado de "cobardes, populistas y gratuitas" las críticas lanzadas por el PP contra su persona, lamentado que "trasladen la sensación" a la opinión pública de que "el responsable de todo es el presidente de la Diputación".

"Lo peor que hay es armarse de un discurso para decir lo que la gente quiere oír" y —el PP— está diciendo que "todas las personas que se examinan no puede tener ideas políticas ni familia y por tanto —ustedes— niegan derechos fundamentales", ha dicho el máximo responsable de la institución provincial poniendo fin a una acalorada sesión plenaria a la que también acudieron varios opositores afectados.