La crisis que se arrastra en Yemen desde hace meses está cerca de una solución política después de que la oposición aceptara un plan de los países del golfo Pérsico para una transferencia pacífica del poder. El punto más conflictivo del acuerdo está en la inmunidad que exige el presidente Abdala Saleh a cambio de ceder el poder, una inmunidad que los expertos en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales consideran incompatible con el concepto de Justicia Universal.

"Saleh se piensa que se puede blindar, pero eso solo será posible a corto plazo. A la larga, en digamos 20 años, no habrá convenio capaz de hacerle escapar de la Justicia Universal", sentencia el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid Rafael Calduch.

Con el dictador egipcio Mubarak detenido provisionalmente en un hospital, investigado por ordenar homicidios en las revueltas, y su homólogo tunecino Ben Alí refugiado en Arabia Saudí mientras su país clama su extradición para juzgarle de 18 delitos, entre ellos el de homicidio voluntario, Saleh ha exigido a la coalición de países del Golfo, mediadores del conflicto yemení, garantías de inmunidad para sí mismo, para su familia y para sus asesores. Este punto del acuerdo están siendo fuertemente protestado en la calle, en manifestaciones que se han cobrado ya varias vidas.

Para los expertos, el acuerdo que garantizará la inmunidad al presidente yemení, aceptado este mismo martes por la oposición yemení, será de carácter "nacional", aunque quizá consiga ser avalado por un tratado internacional de países del Golfo, los mediadores. Aún así, Saleh no podrá evitar eludir el principio de Justicia Universal.

Yemen tal vez no pueda exigir que Saleh cumpla prisión por sus delitos y puede que el mandatario, que lleva 32 años al frente del país, esté a salvo en algún otro estado vecino del Golfo que ratifique su inmunidad, pero si sale a un tercer país no podrá evitar ser detenido. "Además, los países que hoy ratifican el acuerdo de inmunidad pueden dejar de hacerlo pasado un tiempo", advierte Calduch.

En España, después de un cambio de legislación reciente, el principio de Justicia Universal -el que persigue a los autores de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y los considerados como genocidio- sólo puede aplicarse si afecta a un territorio español o a algún ciudadano español en otro territorio. Antes no hacía falta que hubiera españoles implicados, pero la saturación de causas en la Audiencia Nacional provocó el cambio.