El juicio por el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), tiene previsto reanudarse este lunes con las declaraciones de más agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) central y de funcionarios de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Costa del Sol, dentro del segundo bloque de la vista oral centrado en el blanqueo de capitales.

Inicialmente, está previsto que a partir de este lunes declaren como testigos cinco agentes de la UDEF-Bla y comience el interrogatorio a tres agentes de la Udyco Costa del Sol. En días sucesivos, comparecerán otros cuatro investigadores pertenecientes a esta última unidad y también funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

En este segundo bloque se analizan operaciones y sociedades vinculadas a Roca, que fue el primero en declarar. Además, están acusados miembros del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, presuntos testaferros, como Montserrat Corulla y Óscar Benavente, el responsable de seguridad de sociedades, Jaime Hachuel, y el contable Salvador Gardoqui, entre otros.

Como testigos, ya ha comparecido el responsable de uno de los grupos de la UDEF, encargado de la investigación sobre el blanqueo, quien ratificó que había una actividad empresarial "oculta" de Roca que coincide temporalmente con su vinculación con sociedades municipales y la existencia de una organización puesta al servicio de éste, del que dijo que tenía un carácter "vehemente e imperativo".

Este investigador indicó que Roca inició sus ocupaciones vinculadas al Ayuntamiento marbellí en 1992, y desde 1993 —sólo un año después— la Policía tiene conocimiento "de operaciones que le benefician hasta el momento de la detención", que tuvo lugar el 29 de marzo de hace cinco años. Insistió en que el patrimonio del principal procesado "estaba oculto bajo la tapadera societaria".

Así, precisó que aunque existían informaciones en las que se apuntaban a que determinadas sociedades podían ser de su propiedad, "era imposible descubrir cuál era éste si no se aplicaban determinados tipos de investigaciones". Las defensas trataron de cuestionar con sus interrogatorios la validez de las pruebas obtenidas y de la propia investigación.

En la última semana de juicio, antes de Semana Santa, compareció el máximo responsable de la UDEF central, quien indicó que en la documentación remitida desde Suiza relacionada con el caso 'Malaya' se observaron "actos de ocultación", de constitución de fundaciones y cuentas "a nombres de terceras personas", por lo que ha llegado a considerar que se vio "un blanqueo de libro".

Además, declaró casi una veintena de agentes que realizaron diligencias concretas en relación con el principal acusado y otros procesados. Uno de ellos dijo que antes del registro de una sociedad administrada por la acusada Montserrat Corulla desde el equipo de coordinación se les informó de una llamada de ésta a su secretaria, también procesada, para que "sacara tres cajas" con documentación.