Izquierda-Ezkerra ha defendido que es "fundamental" un "mayor apoyo público a un sector económico con creciente relevancia social, como es el sector de la economía solidaria. Se trata de empresas que siguen una serie de criterios sociales y ambientales, además de ser entidades sin ánimo de lucro.

En un comunicado, la coalición formada por IUN y Batzarre ha valorado que "actualmente, desde el Gobierno de Navarra y desde muchos ayuntamientos se está haciendo un esfuerzo totalmente insuficiente" en esta materia.

Así, ha destacado que "pese a la aprobación por ley de la obligación de la administración pública de contratar al menos un 6 por ciento del total de la contratación pública, hoy es el día en que se está incumpliendo sistemáticamente y ni siquiera se evalúa en que situación real estamos".

Izquierda-Ezkerra ha puesto de relieve que "este tipo de economía juega un papel fundamental en la inserción laboral de personas con especiales dificultades de acceso al empleo, como personas con discapacidad, o en situación de exclusión social, por lo que en estos momentos de crisis económica, es especialmente relevante su impulso".

Por ello, la coalición se propone "impulsar y fomentar" desde las instituciones varias iniciativas para promover la economía solidaria y el consumo responsable. Entre ellas, ha abogado por "avanzar en el uso, participación y difusión de la Banca Ética, así como en la contratación de Seguros Éticos y Solidarios, contratando los productos de ahorro, así como participar en la constitución del capital social, de cara a facilitar el crédito a iniciativas sociales".

Asimismo, ha propuesto el "impulso a la compra pública responsable, que implica la inclusión de unas cláusulas sociales en la contratación de servicios o compra de productos por parte de la administración pública".

Por otro lado, ha insistido en "el cumplimiento del 6 por ciento correspondiente a este tipo de compra aprobado por el Parlamento de Navarra" y en "realizar un seguimiento y evaluación su grado de cumplimiento, avanzando hasta el límite legal del 20 por ciento que permiten las directivas europeas".

Entre sus propuestas, se encuentran las de "designar y formar a personal de la administración para hacer factible el cumplimiento del compromiso del 6 por ciento mencionado; revisar y modificar la Ley Foral de Contratos 6/2006 de 9 de junio con el objetivo de incluir cláusulas sociales; difundir e impulsar las auditorías sociales con el objetivo de que las empresas asuman su responsabilidad social; y emprender acciones educativas en torno a la economía solidaria y el consumo responsable".