El Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao ha acordado que se continúe con las diligencias previas abiertas contra el abogado Alfonso Zenón Castro, que en febrero de 2010 acusó a la Ertzaintza, "a las órdenes del señor Ares", de torturar a miembros del comando de ETA que tenían como base de actividad la localidad vizcaína de Ondarroa. El letrado, que representada a los nueve arrestados, está imputado por supuestos delitos de calumnias a la Ertzaintza y al consejero de Interior.

En un comunicado, el Departamento de Interior del Gobierno vasco informa de que el titular del Juzgado ha emitido un auto, fechado el pasado 7 de abril, por el que establece la continuación de las diligencias previas contra abogado.

En este sentido, recuerda que el letrado "se enfrenta a una acusación de calumnias propagadas por escrito", después de que realizara unas declaraciones tras una operación contra ETA, en las que acusaba a la Ertzaintza de "practicar la tortura por orden del consejero de Interior, Rodolfo Ares".

Interior subraya que, en febrero de 2010, Alfonso Zenon, que representaba a los nueve presuntos miembros de ETA detenidos por la Ertzaintza tras la desarticulación de un comando que tenía su base en la localidad vizcaína de Ondarroa, realizó unas manifestaciones en las que acusaba a la Ertzaintza, "a las órdenes del señor Ares", de haber torturado "al menos a tres de los detenidos".

Ante "la falsedad de la imputación", el consejero de Interior presentó "una querella criminal" contra el abogado, decisión que fue apoyada por mayoría en el pleno del Parlamento vasco.

La representación legal de Zenon presentó, entonces, un recurso, al estimar que, para ser cursada la querella, requería del trámite previo de un acto de conciliación, pretensión que fue rechazada por los tribunales al considerarlo "innecesario". La posterior impugnación en apelación sobre esta cuestión también fue rechazada por la Audiencia Provincial de Bizkaia, que avaló la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital vizcaína .

Con el nuevo auto, el magistrado desestima el archivo del proceso y acuerda la continuación de las diligencias previas. Además, ordena dar traslado de las diligencias previas al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras.