La junta de jueces de Pamplona ha acordado en una reunión mantenida este lunes solicitar la retirada del anteproyecto de ley de los tribunales de instancia, ya que considera que "se basa en un enfoque excesivamente economicista". Además, han rechazado la "clara inconstitucionalidad de varios artículos" del anteproyecto.

En un comunicado, la junta de jueces de Pamplona ha pedido que se retire el anteproyecto de ley de los tribunales de instancia, entre otras razones, porque "el paso previo en la reforma de la administración de justicia, la nueva oficina judicial, no ha sido implantada". Además, a su juicio, "exige resolver las frustrantes experiencias actuales de la misma".

Los jueces han indicado que "los problemas que afectan a la justicia de instancia guardan más relación con la insuficiente e inadecuada planta judicial que con otros aspectos que pretende solucionar el anteproyecto".

Asimismo, han argumentado que "la uniformidad en la aplicación del derecho, como instrumento de la seguridad jurídica, bien puede obtenerse a través de criterios aprobados en las juntas sectoriales de jueces, y no exige la aprobación de la Ley de Tribunales de Instancia".

En todo caso, la junta ha apuntado que "los criterios que puedan aprobarse en dichas juntas siempre deberán respetar la garantía institucional de la independencia judicial, que reside en cada juez concreto cuando ejerce su función jurisdiccional".

"Es inadmisible que una reforma de tal calado no haya contado con la audiencia de las juntas de jueces, de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia ni de las asociaciones judiciales", ha criticado.

Del mismo modo, los jueces consideran "inadmisible" las "prisas con las que se pretende aprobar esa ley, sin el necesario debate y confrontación de ideas que exige un proyecto que altera de forma esencial la estructura de uno de los niveles de la Administración de la justicia de España".

El anteproyecto, según la junta de jueces de Pamplona, "se basa en un enfoque excesivamente economicista, primando la relación coste-beneficio, y prescinde de que lo esencial es el cumplimiento de la función jurisdiccional". Además, ha valorado que "no está acreditado que la organización colegiada resulte más eficaz que el sistema actual".

"Lo inaceptable es que se conciba la estructura del poder judicial en función de la oficina judicial, cuando lo precedente es que la oficina judicial sea instrumento de apoyo al ejercicio de la función jurisdiccional", ha defendido.

Finalmente, ha pedido la retirada del anteproyecto de ley ante la "clara inconstitucionalidad de varios artículos" del mismo, "por atentar a la independencia del poder judicial, a la inamovilidad del juez y al derecho al juez natural, predeterminado por la ley". Así, ha censurado "la privación a los jueces y magistrados de los mínimos instrumentos personales para el desarrollo de su labor, al suprimirse las unidades procesales de apoyo directo (UPAD) previstas en la nueva oficina judicial para cada juez".