ELA ha criticado el 'Plan director de vivienda y regeneración urbana 2010-2013', elaborado por el Gobierno vasco, y ha asegurado que el Ejecutivo socialista "no destina el dinero suficiente al mismo para llevarlo adelante" porque "la vivienda no es la prioridad".

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, el responsable del área social, Mikel Noval y el miembro del gabinete técnico, Iñaki Zabaleta, se han referido de este modo a unas declaraciones del consejero de Transportes, Iñaki Arriola, en el Pleno monográfico de Vivienda del Parlamento vasco, quien aseguró que "hay un Plan, pero no hay dinero para llevarlo a cabo".

Entre las conclusiones del sindicato sobre el 'Plan de vivienda', ELA ha considerado que, mientras que el Gobierno vasco plantea sacar al mercado 25.000 viviendas, son necesarias un total 75.000, por lo que "se dejará sin dar respuesta a dos tercios de la necesidad de vivienda".

Asimismo, Noval, ha definido como "retroceso claro" el objetivo del Ejecutivo de Patxi López de construir 20.000 viviendas de protección pública, "que no sólo es inferior al del plan anterior, sino también a la realización de este último".

De este modo, los responsables de ELA han considerado que la presencia del alquiler "es insuficiente", ya que "se reduce en 7.000 respecto al plan anterior" y han podido criticado que se realice un "continuo apoyo a la iniciativa privada", lo que supone, a su juicio, un "derecho de los constructores a recibir más ingresos".

Además, han destacado que se han aumentado los precios de venta de la vivienda protegida y se ha elevado la repercusión de los costes de urbanización. Entre los cambios que se han realizado en el plan actual, han señalado que se ha aumentado la capacidad de los ayuntamientos para decidir los porcentajes de vivienda protegida.

En esta línea, han precisado que esto "no tiene que ver con la autonomía de los ayuntamientos, sino con la política al servicio de los intereses de las empresas de la construcción, en contra de los intereses de la gente que necesita acceder a una vivienda".

Finalmente, han acusado a las instituciones de ser las "responsables" de la situación actual porque "hacen política para que las cosas no cambien".