El Tribunal de Cuentas considera que la Administración local presenta una "patología" de duplicidad y de exceso de estructuras, por lo que ha reclamado el diseño de un "mapa local" que permita su racionalización mediante fórmulas como agrupar entidades, evitar el solapamiento de competencias y eliminar entidades que no prestan ningún servicio. También se ha quejado de los incumplimientos de las entidades municipales a la hora de rendir cuentas, hasta el punto de que llegó a amenazar con "multas coercitivas" a 159 alcaldes.

Así se recoge en el informe de fiscalización sobre las cuentas generales del sector público local en el trienio 2006-2008, que acaba de remitirse al Parlamento y a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press.

Según la institución, el número de entidades locales censadas en este trienio osciló entre las 13.425 de 2006 y las 13.456 de 2008. De ellas dependieron entre 3.156 y 3.179 entidades descentralizadas, de las que entre 1.630 y 1.672 eran organismos autónomos y entre 1.375 y 1.389 eran sociedades mercantiles.

Su primera denuncia se basa en que "la Administración local ha adoptado estructuras organizativas similares a las de la Administración General del Estado" creando "personas jurídicas tanto dependientes de una entidad local (organismos autónomos, empresas participadas o fundaciones) como con participación de otras entidades (consorcios, sociedades de capital o sociedades de gestión)".

A su juicio, "algunas de estas figuras, creadas por emulación de la legislación estatal, carecen de previsión legal en el sector local". Pero, además, cree que "la creación de todas estas nuevas entidades no siempre resulta justificable, ni atendiendo a su objeto ni por la necesidad de personificación que del mismo se deriva, ni por la complejidad jurídica, económica, financiera, organizativa y estructural que su constitución lleva consigo".

"Estos excesos de desarrollo sobre lo que debiera constituir una eficiente, eficaz y económica organización administrativa, pudieran calificarse de 'patologías' organizativas", sostiene.

Crear sociedades para eludir controles

Menciona especialmente la creación de sociedades dependientes por parte de una entidad local, que "en ocasiones no ha respondido a nuevas necesidades sino a la deliberada huida, principalmente en el caso de las sociedades mercantiles, de los controles internos o del control político municipal y a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la ordenación del territorio, contratación, ejecución de inversiones y prestación de servicios".

Frente a ello, el Tribunal de Cuentas llama a "la racionalización y la evolución del sector local hacia un modelo más eficaz y eficiente para el desempeño" de sus competencias, lo que en su opinión pasa por "el estudio y diseño de un mapa local" que promueva la agrupación de entidades y que elimine y evite "tanto la duplicidad de actuaciones y solapamiento de competencias como la persistente presencia de entidades que no prestan ningún servicio o que carecen de actividad".

La segunda queja de la institución fiscalizadora se basa en los incumplimientos de las entidades locales a la hora de rendir cuentas, que se sitúa en torno al 30 por ciento. Y, para colmo, "una parte significativa de las cuentas rendidas adolece de numerosos defectos, incidencias y omisiones de estados que cuestionan la validez de la información suministrada".

En ese contexto, el Tribunal inició en los meses de enero y noviembre de 2010 y en el paso mes de enero la formulación de requerimientos conminatorios amenazando con "multas coercitivas" a 159 alcaldes de más de 1.000 habitantes por no rendir cuentas en ninguno de estos tres años. la amenaza surtió efecto y 69 entidades empezaron a enviar sus datos.

Por comunidades autónomas, los menores niveles de rendición se alcanzan en las de Andalucía, Cataluña y Madrid que en 206 y 2007 presentan unos grados de rendición próximos al 55 por ciento y que en 2008 no alcanzan o superan ligeramente el 40 por ciento. En el extremo opuesto se sitúan la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Galicia, Navarra y Murcia.

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Se niegan a informar de sus contratos

A todo ello se añade que "las entidades locales incumplen mayoritariamente y de una forma sistemática las obligaciones de remitir información referente a la contratación celebrada", lo que "limita el ejercicio de la función fiscalizadora" del Tribunal.

En otro momento del informe se denuncia que "únicamente entre un 11 y un 12 por ciento de las entidades locales aprueban el presupuesto con anterioridad al 31 de diciembre del ejercicio económico al que se refiere".

Ello supone que ocho de cada diez entidades locales ha gestionado su actividad con ejercicios prorrogados, al menos durante parte del año, "lo que evidencia una deficiente planificación presupuestaria y económica por parte de la generalidad de las entidades locales y limita la utilidad del presupuesto, instrumento necesario para la ejecución de una gestión municipal ordenada, transparente y sujeta a ordenamiento jurídico".