La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias pagó todos los gastos certificados por el Cabildo de Gran Canaria en 2010, según afirmó la directora general de Bienestar Social del Gobierno canario, Araceli Sánchez, en relación a las declaraciones del consejero del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, sobre el conflicto que mantiene la institución insular con las asociaciones de atención a personas con discapacidad intelectual de la isla.

"En este sentido hay que aclarar que primero, se está hablando del IPC de 2010, un dinero que el Cabildo ya perdió", apuntó la directora en un comunicado, mientras aclaró cómo se ha llegado a este momento. "En febrero del pasado año se celebró la Comisión de Seguimiento del Programa de Atención a la Discapacidad para la isla de Gran Canaria, en donde se acordó la modificación de la ficha financiera para 2010, de forma que se transfieren parte de los créditos previstos en la línea de Monitores de Empleo que no se estaban utilizando, a la línea de Mantenimiento, para financiar la actualización del IPC", dijo.

De esta manera, apuntó que el Cabildo "muestra su conformidad, firma el acuerdo y el acta que lo corrobora". "Para hacer efectivo ese acuerdo —agregó— se tramita una nueva Addenda al Convenio en la que se debe incluir, mediante escrito del Cabildo, que cantidad va a certificar en 2010".

"Con fecha 5 de julio el Gobierno envía el de Addenda al Cabildo de Gran Canaria para que lo suscribiera, pero no lo hace nunca, impidiendo la transferencia de los créditos de 2010, con lo cual el Cabildo pierde esos créditos", afirmó.

Así, Sánchez mostró su asombro explicando que "es incomprensible que una institución pública primero cree un problema, después abra una polémica innecesaria con las asociaciones y después eche la culpa al Gobierno de que no le solucione el problema que ha creado". "En todo caso —prosiguió Sánchez- -el Gobierno siempre estará dispuesto a llegar a acuerdos y ver la posibilidad de paliar el error del Cabildo".

Señaló también que el Cabildo de Gran Canaria fue el último Cabildo en firmar el convenio de dependencia y estuvo a punto de perder también 13 millones de euros. "Es una pena que se esté utilizando a las personas con discapacidad y a sus familias de esta forma tan claramente partidista", afirmó Sánchez, quien recordó que, "en estos momentos, lo que demanda la ciudadanía es unidad por parte de las instituciones".

"La atención a las personas mayores o con discapacidad no puede ser motivo de conflicto entre las instituciones, que deben estar unidas para sacar adelante, con todas las dificultades del mundo, de eso no me cabe duda, los servicios sociales esenciales, que hay que recordar que son competencia de Cabildos y ayuntamientos", dijo.

En este sentido, recordó que, en el 2010, el Gobierno de Canarias aportó un total de 18.047.732,96 euros a la financiación de programas y recursos para la atención de personas mayores y con discapacidad que gestiona el Cabildo de Gran Canaria.