La APM en Euskadi denuncia que la Administración pretende "reducir drásticamente" la protección de los jueces

En un comunicado, la APM ha aludido, de esta forma, a las declaraciones realizadas este miércoles en Vitoria por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, en las que precisó que, en el último medio año, se han hecho valoraciones individuales de riesgo para los miembros de la Judicatura ante la violencia y amenaza de ETA, que han permitido que todos los jueces tengan medidas individuales de protección que, en algunos casos, se "complementan" con otras medidas.

La sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en el País Vasco ha denunciado que la Administración pretende "reducir drásticamente" la protección de los jueces, y ha mostrado su "más absoluto rechazo a cualquier medida" que suponga recortar los servicios de escolta.

Ante estas manifestaciones del máximo representante del TSJPV, la asociación judicial ha afirmado que, "por razones que no han sido en absoluto aclaradas, la administración competente se propone reducir drásticamente el programa de protección personal de jueces y magistrados destinados en el País Vasco".

Además, ha manifestado que desconoce si ha existido "valoración personal" sobre esta cuestión porque "los propios interesados han conocido su situación de forma indirecta, sin que nadie haya mantenido con ellos una entrevista a efectos de valorar la situación personal de cada uno y darles a conocer las medidas que van a ser adoptadas".

Servicios de escolta

En este sentido, ha apuntado que la previsión de reducción de servicios de escolta, anunciada con efectos del 1 de abril, "se logró aplazar, en tanto la administración no cumpliera un deber elemental de contacto e información personal individualizado con cada interesado".

La APM ha asegurado que el presidente del TSJPV "conoce esta situación y el acuerdo que el pasado viernes se adoptó en la Sala de Gobierno", por el que el órgano de gobierno se oponía a cualquier modificación en el servicio de protección, "por lo que no resulta sencillo explicar las declaraciones que ha efectuado a los medios de comunicación".

Por último, la APM muestra su "más absoluto rechazo a cualquier medida de reducción en los servicios de escolta, en tanto no se explique de manera pormenorizada y sin provocar agravios comparativos cuáles son las razones objetivas y que, en cada caso concreto, lo justifican".

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