Such, en un comunicado, ha señalado que sólo uno de cada tres vecinos dependientes de la ciudad de Valencia que han solicitado acogerse a los beneficios previstos por la Ley de Dependencia tienen ya reconocidos las ayudas o prestaciones previstas por la norma.

En este sentido, ha explicado que, según los datos facilitados por el propio equipo de gobierno municipal en respuesta a unas preguntas planteadas en el pleno de marzo, el PP tiene "atascadas" en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat 9.865 solicitudes de discapacitados y mayores vecinos de la ciudad para que se les reconozca el derecho a recibir las prestaciones y cobrar las ayudas contempladas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia

El edil ha indicado que "solo el 41,4 por ciento de los solicitantes de la ciudad está cobrando o recibiendo las ayudas, pues solo se han resuelto las peticiones presentadas por 6.987 vecinos, pese a haberse registrado 16.852 solicitudes". "La estrategia del PP de obstaculizar el desarrollo de la norma en la Comunitat Valenciana impide que los vecinos de la ciudad se puedan beneficiar de una ley llamada a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar", ha lamentado.

Por todo ello, Such ha reclamado una reunión "urgente" de la Comisión de la Autonomía Personal y Atenciones a Personas en Situación de Dependencia, creado en el seno del Consejo de Acción Social y que sólo se ha reunido dos veces, la última hace ya un año y medio, el 7 de septiembre de 2009.

El representante socialista ha manifestado que los ayuntamientos desempeñan un papel "fundamental" en la tramitación de las solicitudes, pues tras la recepción de la instancia y la valoración de las necesidades del interesado, la administración autonómica remite el caso al Ayuntamiento para que realice una valoración del entorno social.

Tras recibir esta valoración, la Generalitat emite el dictamen y lo remite de nuevo a la administración municipal junto a una propuesta de Plan Individual de Atención. Después, el Ayuntamiento negocia el PIA definitivo con el interesado y lo registra en un acta de acuerdo, que remite de nuevo a la Generalitat para que determine y reconozca qué servicios debe prestar cada administración.

Julio Such ha destacado que, de acuerdo con las cifras suministradas por el equipo de gobierno municipal en respuesta a unas preguntas presentadas al pleno de diciembre, "la Generalitat ha registrado 16.852 solicitudes, de las que solo ha remitido al Ayuntamiento 12.201 para que realice el informe de entorno social".

"atasco" en los servicios municipales

A su vez, el consistorio ha realizado sólo 10.711, lo que, a su juicio, demuestra que existe un "atasco" en los servicios municipales de 1.490 solicitudes. De los 10.711 informes de entorno social remitidos por el Ayuntamiento a la Generalitat, el Consell "solo ha remitido 7.303 propuestas de planes individuales de atención, de las que el consistorio ha negociado con los interesados 6.987".

"El empecinamiento de Camps y Barberá en la obstaculización de la Ley de Dependencia priva a miles de valencianos de las ayudas y prestaciones previstas por el Gobierno de España", ha lamentado el concejal del PSPV, quien ha atribuido esta situación a "las pocas facilidades dadas por el Ayuntamiento para presentar la solicitud, la desidia de la Generalitat y la escasez de técnicos en los servicios sociales municipales".

Por todo elllo, el edil del grupo municipal socialista ha pedido al equipo de gobierno local que "refuerce" la plantilla y el presupuesto de los servicios sociales y que exija a Camps que "desbloquee la aplicación de la ley".