Dos ayuntamientos de Castilla-La Mancha, concretamente los de Burguillos de Toledo (Toledo) y el de Ciudad Real, aparecen en la lista de "entorpecedores" dentro del informe del Defensor del Pueblo de 2010, junto a los de Bedia (Vizcaya), Bollullos Par del Condado (Huelva), Castro Urdiales (Cantabria), Las Torres de Cotillas (Murcia), Navajas (Castellón), Santa Margalida (Illes Balears), Tui (Pontevedra) y los consistorios madrileños de Aranjuez, Pedrezuela y Robledo de Chavela.

Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, al Ayuntamiento de Burguillos se le solicitó un informe el 8 de mayo de 2009 sobre pasividad de la Corporación local por obras no ajustadas al Plan especial de reforma interior (PERI), mientras que al Ayuntamiento de Ciudad Real se le solicitó ampliación de informe el 28 de julio de 2009, sobre las molestias originadas por celebración de botellones en la zona de los Jardines del Torreón. En ambos casos, después de ese tercer requirimiento, se procedió al cierre del informe.

Con todo, hay una lista de administraciones que no han contestado tras tres requerimientos en el año 2010 y que, de no hacerlo, entrarían en la lista de entorpecedores del próximo año. En ella figura el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), en relación a un caso de contaminación acústica; y el de Mochales (Guadalajara), sobre el cierre de caminos públicos por malla cinegética.

En este apartado, fuera del epígrafe de administraciones locales también figura el Colegio de Abogados de Toledo, al que se le hizo un tercer requirimiento en relación al nombramiento de letrado del turno de oficio.

Las que sí contestaron

En cuanto a las administraciones que sí han contestado a un tercer requerimiento del Defensor del Pueblo figura la Dirección General de Transportes de Castilla-La Mancha, en relación con una reclamación presentada contra una compañía de autobuses en septiembre de 2007 y el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), sobre la adopción de medidas adecuadas para evitar los ruidos producidos por la actividad de una peña durante las fiestas locales.

También aparece el Consistorio de Daimiel (Ciudad Real), sobre la inundación de una finca por aguas de la laguna de Navaseca, cuyo excedente de agua no se deriva a Las Tablas de Daimiel; y el Ayuntamiento de Fuentenovilla (Guadalajara), en relación a un caso de vertidos de aguas residuales sin depurar al río Tajuña.

Igualmente, contestaron a un tercer requirimiento el Ayuntamiento de Orea (Guadalajara) motivado por la imposibilidad de transitar por caminos públicos como consecuencia del cerramiento de una finca; y el de Pelahustán (Toledo), la que se le solicitó un informe sobre las molestias provocadas por un cebadero de ganado.

También aparecen en este apartado el Ayuntamiento de Sigüenza (Guadalajara), al que se le solicitó un tercer informe en relación al vertido de aguas residuales sin depurar al río Henares, procedentes del núcleo urbano de Sigüenza; y el Consistorio de Yeles (Toledo), sobre un local que provoca molestias por ruido en un domicilio.

Entorpecedores a nivel nacional

A nivel nacional, el informe del Defensor del Pueblo indica que tanto la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dependiente del Ministerio de Industria, como el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) de la Comunidad de Madrid "entorpecieron" el trabajo de la Alta Institución en 2010.

Según explica el documento, estas administraciones "no han dado adecuada respuesta a las solicitudes o requerimientos efectuados por el Defensor del Pueblo, incumpliendo, por tanto, la obligación de colaboración de los poderes públicos con esta Institución 'con carácter urgente y preferente'" que recoge la ley reguladora de la institución.

En cuanto al organismo dependiente de Industria, el único estatal que figura en este apartado del informe, se declara "entorpecedora de las funciones" del Defensor del Pueblo porque sus contestaciones a las solicitudes de informe que realiza la institución "llega en casi todas las ocasiones con retraso después de haber formulado varios requerimientos".

En el plano autonómico, el Defensor tacha de "entorpecedor" el Instituto Madrileño del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid, por "su actitud poco colaboradora por el retraso reiterado en la remisión de los informes que se le solicitan, en particular, en el curso de los expedientes de queja que investigan la situación documental de los menores extranjeros no acompañados que han estado a su cargo".

"En el año 2010, hasta en cinco ocasiones, no se ha recibido el informe solicitado después de haberse remitido un tercer requerimiento. En otras ocasiones, las respuestas se reciben, pero sólo después de haber efectuado varios requerimientos", denuncia la Oficina del Defensor del Pueblo.

A nivel autonómico, se reseñan en este ámbito la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Andalucía; la Consejería de Trabajo y Bienestar de Galicia; la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, así como la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, ambas de Madrid; la Consejería murciana de Sanidad y Consumo y la Consejería de Fomento de Ceuta.