La portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, ha pedido a la Junta de Andalucía que colabore con la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía, y que, para ello, le entregue la totalidad de las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno, solicitadas por la misma.

En rueda de prensa, Soto ha hecho referencia al hecho de que la juez haya dictado un auto en el que concede al Ejecutivo autonómico un plazo de tres días al objeto de que, como medida cautelar, le entregue "para su custodia" un sobre debidamente precintado que contenga las reclamadas actas de los consejos de Gobierno celebrados desde 2001 hasta el momento.

En dicho auto, según ha explicado la dirigente del PP andaluz, la juez advierte al Gobierno andaluz de que podría incurrir en un posible delito de quebrantamiento de medidas cautelares, en el caso de no entregar las actas de los Consejos de Gobierno requeridas por la juez, algo que se recoge en el artículo 486 del Código Penal.

Soto ha afirmado que la Junta "está faltando a la verdad desde el minuto uno", ya que, en su opinión, "no ha colaborado en ningún momento con la Justicia" para el esclarecimiento de lo sucedido en torno a los expedientes de regulación de empleo, una "trama" que tiene al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "salpicado hasta las cejas".