El juicio que iba a comenzar este martes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander contra el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, y otros nueve procesados por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ha sido suspendido debido a la enfermedad de uno de los acusados, el interventor municipal.

Este funcionario, Gregorio Alcedo, está acusado de un delito de omisión, por no advertir de la ilegalidad del acuerdo de la Junta Local en la que se aprobó la adjudicación de forma directa de las obras del túnel de Mioño a Izeta, empresa gestionada por Ignacio Díez Muro, hermano de uno de los concejales, Jaime Díez Muro, y se enfrentaba por ello a penas de siete años de inhabilitación.

Pero este acusado no ha acudido a la sesión, al estar convaleciente de una operación, según han informado sus letrados, que han aportado documentación al respecto.

En concreto, un informe médico forense detalla que tras la exploración del interventor en el Servicio de Cirugía del Hospital Comarcal de Laredo y una entrevista con el médico, el acusado está impedido "de toda manera" para acudir al juicio oral, por su patología y las complicaciones derivadas de las distintas operaciones quirúrgicas a las que ha sido sometido. Y se estima que el alta podría darse en un plazo de entre dos y cuatro semanas.

Debido a esta ausencia, el titular del juzgado, José Hoya, ha optado por suspender la vista y se ha fijado como fechas para su celebración el 15 de abril,; el sábado, 30 de abril, a las nueve de la mañana; y el 5 de mayo, en función de si comparece o no el interventor.

No se intenta dilatar el proceso

Tras conocer esta decisión, el alcalde de Castro Urdiales ha explicado que él prefería que se hubiera celebrado ya, por lo que se siente "perjudicado" por este aplazamiento que "mantiene la situación de incertidumbre" y el "despiste" entre la opinión pública, del que culpa a las "informaciones sesgadas".

Muguruza ha negado que "en ningún momento" haya habido intenciones de dilatar el proceso pues, al contrario, él quiere que se resuelva este tema "lo antes posible". De hecho, espera poder "demostrar su inocencia y la de todos" pronto.

El caso mioño

El fiscal solicita la inhabilitación por estos hechos para el alcalde castreño, Fernando Muguruza, y para otras ocho personas (entre concejales y funcionarios municipales), por supuestos delitos de prevaricación, y pide además prisión para el gerente de la empresa adjudicataria de las obras, al que imputa por tráfico de influencias.

Los hechos se remontan al año 2004, cuando se contrataron las obras para limpiar y acondicionar el trazado del túnel del antiguo tren minero, en Mioño.

Según sostiene la Fiscalía en sus calificaciones iniciales, el responsable de la empresa Izeta, Ignacio Díez Muro, valiéndose de su condición de hermano del por entonces concejal de Industria, Jaime Díez Muro, mantuvo contactos con el edil de Obras, Salvador Hierro, para asegurarse la adjudicación de la obra.

De esta forma, entregó personalmente a Hierro una oferta de los trabajos, que el edil no trasladó ni al Servicio de Contratación ni a la Comisión de Obras, sino que llevó directamente a la reunión de la Junta de Gobierno del 21 de octubre de 2004, donde fue aprobada por unanimidad de los presentes, a sabiendas de la ausencia total de expediente administrativo y de que era la única oferta presentada.

En concreto, la oferta recibió en la Junta el respaldo del alcalde, Fernando Muguruza, y de los concejales Jaime Díez Muro (hermano del empresario adjudicatario), José Miguel Rodríguez López, Santiago Vélez, Concepción Carranza y Juan Tomás Molinero. Y el secretario municipal, por su parte, incumplió su obligación de advertir de que la contratación carecía de expediente y estaba fuera del orden del día.

Mercado municipal

En el caso de las obras de eliminación de barreras en el mercado municipal, la Fiscalía explica que la Junta de Gobierno Local decidió en diciembre de 2004 solicitar tres presupuestos. Pero antes de llegar dicho acuerdo al Departamento de Contratación, Izeta ya presentó una oferta que entregó en la Concejalía de Obras sin pasar por el registro público de entrada.

Entonces, el concejal Salvador Hierro no dio traslado al servicio de contratación y eludió de nuevo el procedimiento administrativo correspondiente, llevando el presupuesto directamente a la Junta de Gobierno, que lo aprobó por unanimidad el 21 de diciembre de dicho año, nuevamente a sabiendas de la falta de expediente administrativo.

En esa ocasión, en la Junta estaban presentes los mismos ediles que aprobaron la contratación de las obras del túnel de Mioño, salvo Tomás Molinero. El acuerdo fue trasladado a la Intervención para autorizar los pagos, y el interventor lo tramitó sin poner reparo, pese a conocer que la adjudicación se había hecho sin expediente administrativo.

En total, el fiscal asegura que Izeta obtuvo un beneficio de unos 7.000 euros, por estas dos obras (3.525 euros por las obras del túnel de Mioño, cuyo presupuesto fue de 58.765 euros; y otros 3.563 de beneficio empresarial en las obras del mercado, que costaron 59.680 euros).

Peticiones de pena

Desde su punto de vista, el responsable de la empresa incurrió en un delito continuado de tráfico de influencias y, por eso, pide que se le condene a un año de cárcel y al pago de una multa de 14.000 euros.

En cuanto a los ediles y funcionarios municipales, imputa delitos de prevaricación al secretario municipal, César Sainz; al interventor, Gregorio Alcedo, y al concejal Tomás Molinero; y delito continuado de prevaricación al alcalde y al resto de ediles, puesto que intervinieron en las dos adjudicaciones.

Las peticiones para todos ellos son de inhabilitación: de siete años para el secretario, el interventor y el edil Molinero; de diez años para Salvador Hierro y para Jaime Díez Muro; y de ocho años y nueve meses para el resto de ediles (el alcalde, Rodríguez López, Carranza y Vélez).