El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía, reclama a la juez Mercedes Alaya que "expulse" de la causa al Ejecutivo andaluz "por abuso y mala fe procesal al tratar de que la juez se inhiba", considerando asimismo que la Junta de Andalucía carece de "interés legítimo" como parte perjudicada en estas actuaciones.

En un comunicado, Manos Limpias ha informado de que ha ampliado su querella para "exigir responsabilidades civiles subsidiarias a la Junta de Andalucía por los daños morales y económicos ocasionados", defendiendo además la instrucción que protagoniza la juez Mercedes Alaya al respetar "absolutamente" el Estado de Derecho y los derechos de los propios imputados. "La instrucción se está llevando de manera impecable e intachable", señala la organización.

La querella promovida por 'Manos Limpias' ante el Juzgado de Instrucción número seis, como ya se había informado, había sido admitida parcialmente por la juez Mercedes Alaya en cuanto a posibles delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa. La querella, así, señalaba como conocedores de los hechos al ex consejero de Empleo Antonio Fernández; al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, al ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, al exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo y a los exmiembros de la Agrupación socialista de Camas (Sevilla) Ricardo Medina y Juan Manuel López Espada, además del vigente responsable de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

Prejubilaciones fraudulentas

Además, va dirigida contra los responsables de una treintena de empresas que "se han beneficiado" de los fondos autonómicos destinados a estos expedientes de regulación de empleo en los que habrían sido localizadas 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas", según la información trasladada por la Consejería de Empleo a raíz de la investigación interna promovida a tal efecto. Se trata de empresas como Altadis, SOS Cuétara, Intersur, Astilleros de Huelva, Hitemasa, Incosol, 'Cash Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Surcolor, Springer Arteferro o Germans.

Como es conocido, según la Policía Judicial, gracias a la firma de un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el por entonces Instituto de Fomento de Andalucía, la última de las instituciones se convertía en la pagadora de estas subvenciones "evitando los controles y la fiscalización propia" de este tipo de libramientos. Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y valoradas en 647.869.157,45 euros, constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.