La técnica del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Catalina Mas ha manifestado, en su declaración dentro de una pieza del caso Voltor, que le mostraron el proyecto de spas presentado por la esteticista de la ex presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, con anterioridad a la apertura del expediente de contratación, y ha asegurado que desconocía que éste tenía que ser adjudicado "a una empresa en concreto".

En su comparecencia como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, Mas ha señalado que fue la ex directora del Área de Calidad Turística (IQT), Lourdes Garau, quien le ordenó abrir este expediente y le dio los datos de las tres empresas que tenían que ser invitadas al proceso, entre ellas el Instituto Balear de Catalogación y Clasificación de Spas (IBCCS), perteneciente a la esteticista Marisol Carrasco. Ello pese a que no tenía conocimiento, ha aseverado, de que estas sociedades "tuvieran alguna vinculación entre ellas".

Las pesquisas apuntan a que Carrasco y dos socios se habrían beneficiado de forma directa de un contrato menor de 18.000 euros y un negociado sin publicidad por importe de 60.000 euros más IVA -unos 85.000 euros en total- para catalogar los balnearios de los hoteles. Mediante la fórmula del negociado, al que concurrieron estas tres empresas pertenecientes a los tres socios, se garantizaban de este modo la concesión del contrato al presentarse a través de una sociedad que acompañaban de otras dos ofertas de apoyo.

En cualquier caso, la técnica ha aseverado que asesoría jurídica es la que invitó a estas mercantiles y la encargada de comprobar si reúnen los requisitos necesarios para participar en el proyecto, de modo que se ha desvinculado de esta labor ya que "yo estoy en el equipo técnico". Sí ha señalado que se encargó del expediente técnico, que se tramitó "correctamente". "Si hubiera notado alguna anomalía, la hubiera puesto en conocimiento de mis superiores", ha puntualizado.

Más allá de este trabajo, la testigo ha asegurado desconocer cuál fue la forma de contratación, ya que lo único que le dijeron es que tenía que hacer un negociado de 60.000 euros y "es lo que hice". La declarante ha apuntado que el ex responsable económico del Inestur, Álvaro Llompart, no le dio ninguna indicación en este proyecto como tampoco recibió "orden alguna" del entonces gerente de la empresa, Antoni Oliver, ni de Garau "para beneficiar a alguna de las empresas".

La incoación de esta pieza separada se produjo después de que la Conselleria de Turismo aportase al Juzgado un expediente con los pagos que efectuó este departamento. Los investigadores sostienen que las auditorías realizadas por Carrasco en referencia a la catalogación de los spas carecían de utilidad pública e incluso se desconocen la mayoría de los resultados arrojados por las presuntas inspecciones.