La Tesorería de la Seguridad Social autorizó el aplazamiento del pago de 1.226 cuotas de profesionales autónomos y empresas en la provincia de Zaragoza durante 2010, un 2,08 por ciento más que en 2009, según ha explicado en rueda de prensa la directora provincial, Dolores Martín. Entre 2007 y 2010 el incremento de los aplazamientos ha sido del 30 por ciento.

Los impagos son casi siempre "no fraudulentos" y se deben a que los afectados carecen de liquidez para hacer frente a los pagos, por lo que la Seguridad Social se pone en contacto con ellos para frenar el proceso de impago.

En el caso de la provincia de Zaragoza, y dado que la mayor parte de las sociedades son pequeñas y medianas (pymes), los impagos empresariales a la Seguridad Social no suelen superar los 30.000 euros.

Tan sólo el 2,69 por ciento de los impagos autorizados superan los 90.000 euros. Las escasas empresas de gran tamaño radicadas en Zaragoza están al corriente de sus pagos, ha apuntado la directora general.

Los autónomos y empresarios aragoneses "son cumplidores", más que la media española. En Aragón la tasa de morosidad empresarial hacia la Seguridad Social es del 2,2 por ciento, mientras que la media española es del 2,5 por ciento.

Los impagos tienen un recargo equivalente al interés legal del euro, ha explicado Dolores Martín, quien ha señalado que si se sitúa por debajo de los 30.000 euros "pedimos garantías". También se puede pedir una autorización especial de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Martín ha aclarado que la Tesorería "es sensible" a las "dificultades" que atraviesan profesionales autónomos y sociedades, especialmente en el actual contexto de crisis, que afecta de forma especial no solo al consabido sector de la construcción, sino también el transporte, el comercio, los servicios y la industria, entre otros.

Por este motivo, y siguiendo la normativa legal, este organismo del Estado dilata el cumplimiento de las obligaciones de autónomos y empresarios, independientemente de que el impago sea de 1.000 euros o de 300.000. Dolores Martín ha subrayado que "tenemos la misma actitud de facilitar —el pago— tanto para unos como para otros".

De hecho, la Tesorería tiene "una especial sensibilidad" hacia los autónomos y propietarios de pequeños negocios afectados, por ejemplo, por la subida del precio del gasóleo, en el caso de los transportistas, lo que está motivando "una actuación específica" por parte del organismo.

Martín ha recordado que el mercado del crédito privado se ha contraído, "los bancos han cerrado" esta puerta a numerosos demandantes de créditos, por lo cual estas personas "tienen un problema", que la Tesorería tiene en cuenta, aunque ha precisado que "nosotros no podemos decirle a un banco 'concédale un crédito a este señor", ya que esto equivaldría a "interferir" desde el Estado en el mercado crediticio.

Los autónomos y las sociedades que reciben la autorización oficial para aplazar sus cuotas pueden mantener las bonificaciones que obtengan para desarrollar su actividad, ha comentado Dolores Martín, quien en todo momento ha resaltado que la mayoría de estos impagos responden a una "situación coyuntural" de los afectados.

"Estamos intentando que las empresas afronten antes de que se generen unas bolsas de deuda que hagan inviable una solución tanto de parte de la empresa como por parte de la Tesorería", ha insistido la directora provincial.

La Tesorería lleva a cabo un "seguimiento preventivo" de las medianas y grandes empresas a través de sus sistemas informáticos. Durante 2010, fueron controladas 2.357 empresas, lo que representa un incremento del 1,24 por ciento respecto a 2009.

Este seguimiento se realiza mensualmente "para detectar si se produce el primer impago", momento en el cual los técnicos del organismo dialogan con los afectados para "ofrecerles soluciones", bien mediante el pago total o parcial de la deuda o mediante la concesión de un aplazamiento del pago de las cuotas empresariales de la Seguridad Social. Durante el año pasado, el 42 por ciento de los afectados abonó su deuda total o parcialmente y el 32 por ciento solicitó un aplazamiento.

En el caso de que no se alcance una solución y la empresa rebase el periodo voluntario de pago, la Tesorería adopta las medidas contempladas legalmente, generalmente embargando una o varias propiedades del afectado.

Durante el año pasado, en la provincia de Zaragoza, la Tesorería recaudó 27,5 millones de euros por la vía ejecutiva, lo que supone un aumento del 6,92 por ciento respecto al año anterior, un récord, y un 40,6 por ciento de aumento a lo largo de los cuatro años anteriores.

Así, el año pasado fueron embargadas 37.000 cuentas corrientes de forma automática, por procedimientos telemáticos y de común acuerdo con las entidades bancarias. Hubo un total de 61.443 embargos. "En los últimos años ha tenido un efecto bastante positivo", ha sentenciado la directora general.

"Un sistema debe recaudar para atender las necesidades del propio sistema" administrativo, ha recordado Dolores Martín, quien ha señalado que el dinero que la Tesorería recauda sirve para pagar las pensiones y las prestaciones por desempleo a las que tienen derecho los ciudadanos. FRAUDE

Asunto distinto es el fraude, que es el impago deliberado, e incluso planificado, de las obligaciones que el autónomo o empresario tiene con la Seguridad Social.

Muchos de estos fraudes a la Seguridad Social consisten en las bajas anómalas durante la Navidad, la continuidad de la actividad laboral en empresas supuestamente insolventes, la existencia de trabajadores que no están dados de alta o extranjeros que trabajan sin tener permiso de residencia o trabajo, así como la creación de empresas con el único fin de contratar a trabajadores para generar prestaciones a su favor.

Con estas empresas lo que se hace es "eliminarlas del mercado" para bloquear su "competencia desleal", ha dicho Martín.

La directora general ha mencionado que el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) dispone de un Servicio de Investigación adscrito a la Tesorería. Consecuencia de su trabajo fue, durante 2010 en la provincia de Zaragoza, el esclarecimiento de un fraude por valor de 1,5 millones de euros, en el transcurso de la Operación Isabel.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Zaragoza, Juan José Rubio, ha indicado que la recaudación ejecutiva ha aumentado un 40 por ciento y ha remarcado que el aumento de la morosidad es "todavía normal" en un contexto de crisis.

Rubio ha reiterado que la Tesorería "se adecua a la situación para intentar ayudar" a los afectados con el objetivo de mantener la actividad empresarial.

El subdelegado ha alertado contra aquellos que "aprovechando las circunstancias", la crisis, "pretenden no cumplir con sus obligaciones públicas" y ha recordado que el Gobierno de España tiene entre sus objetivos el afloramiento de la economía sumergida.