El exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo ha seguido la estrategia marcada por los presuntos líderes de la red 'Gürtel' y se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que quería preguntarle si cobró al menos 488.054 euros a cambio de mediar para que las empresas de Francisco Correa obtuvieran "contratos y otras resoluciones administrativas favorables", informaron fuentes jurídicas.

"No voy a hacer declaraciones. Muchas gracias", se ha limitado a decir López Viejo a su salida de la Audiencia Nacional, en la que apenas ha permanecido veinte minutos. Cuando ha llegado, el exconsejero madrileño se ha dejado unas gafas de sol de marca en el control de la entrada y ha tenido que ser advertido de su olvido por un Policía Nacional.

Ruz tenía la intención de preguntar a López Viejo por un informe de la Agencia Tributaria, que señalaba el exconsejero cobró de las empresas de Correa 106.000 euros en 2004, 115.000 en 2005, 196.866,01 en 2006 y 70.188,55 en 2007 por la obtención de estas adjudicaciones.

El exconsejero, que ingresó junto a su mujer, Teresa Gabarra, 450.731,01 euros en el banco suizo Mirabaud en el año 2002, defraudó a Hacienda 1.925.718,14 euros en los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2006 y 2008, según consta en este informe, elaborado por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF).

El organismo tributario también destaca que en los años 2002, 2003 y 2008 el patrimonio del exconsejero madrileño "sufrió importantes acrecentamientos" que no se corresponden con las rentas que recibió como "empleado público de la Comunidad de Madrid y como diputado regional en la Asamblea".

"De manera que estas manifestaciones de riqueza no pueden haberse generado por ahorro de su renta declarada", concluye el organismo tributario. El exconsejero está imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

En un auto dictado en octubre pasado en el que el juez citó a declarar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Ruz señalaba que López Viejo recibió "cuantiosos pagos" de la red 'Gürtel' como consecuencia de "la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid".

De la instrucción se deduce que López Viejo ejerció labores de "intermediación" entre varias consejerías del Gobierno regional y la red de Correa a través de "sociedades pantalla o velo para ocultar la identidad de la empresa que realmente prestaba los servicios". Estas empresas intermedias, según el auto, solían recibir una comisión variable de entre el 5 y el 11,5 por ciento del contrato adjudicado.

El juez cifró entonces en 8,7 millones de euros el importe pagado por la Comunidad de Madrid a las empresas de la trama 'Gürtel', que habrían obtenido un beneficio irregular de 4,9 millones de euros. Este dinero se habría repartido en "abonos a favor" de López Viejo, comisiones a personas vinculadas con las empresas de Correa y un porcentaje del 5 por ciento para la empresa Over.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este martes que Alberto López Viejo ha sido "la gran traición" que ella ha sufrido en su vida política.

Durante una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid, Aguirre se ha referido a la declaración de López Viejo ante el juez. "Ha sido la gran traición que he sufrido en mi vida política", ha dicho de él Aguirre, antes de alegrarse de que se le ponga ante la justicia, aunque ha lamentado que haya habido que esperar cinco años para verle ante el juez.

Aguirre ha dicho que no ha tenido ocasión de hablar con él, pero ha expresado su contento por que finalmente sea juzgado. "Me alegraría más si la instrucción se cerrara y se abriera el juicio oral, y que los culpables sean condenados después de un juicio justo, que vayan a la cárcel y que devuelvan lo que han robado", ha añadido.

La presidenta de los populares madrileños ha aprovechado para volver a pedir que se agilice la instrucción de los casos judiciales porque, según ha dicho, cuando se alargan los sumarios se tarda mucho en condenar a los culpables "y si hay inocentes están mediáticamente condenados" durante todo ese tiempo.

Respecto al informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que concluye que el PP pagó parte de la reforma de su sede de la madrileña calle Génova con fondos procedentes de la contabilidad paralela que llevaba el extesorero del partido Luis Bárcenas, Aguirre ha dicho no tener "suficiente información" sobre el tema para hacer declaraciones, y ha vuelto a pedir que se cumplan los plazos en la instrucción para que los casos no se prorroguen años.