El exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas se ha acogido este viernes a su derecho constitucional a no declarar ante la jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, pese a que el propio exdelegado criticaba que aún no le hubiesen citado tras más de tres años imputado.

Abogados presentes en la comparecencia han informado a los periodistas de que, después de que la jueza Mercedes Alaya le haya leído los hechos y delitos que le imputa (prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias), Rivas ha decidido acogerse a su derecho a no declarar.

Seguidamente, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que, según las fuentes, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han pedido el ingreso en prisión de Rivas, aunque sí han pedido la imposición de una fianza de responsabilidad civil.

Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 5.580.000 euros para el exdelegado, mientras que la acusación que ejerce la Junta ha pedido 3,2 millones más el tercio legal previsto.

El abogado de Rivas, Jon Ander Sánchez, ha mostrado su oposición a esta solicitud de medidas, alegando que "no existen indicios de su participación", señalando que su labor como delegado provincial de Empleo consistía en autorizar los ERE, y en estos "no ha habido ninguna irregularidad".

Asimismo, ha desligado a su cliente de las irregularidades que se hayan podido encontrar en las pólizas, pues nunca participó en la tramitación de las mismas, insistiendo en que Rivas, a la hora de autorizar los ERE, "siempre ha actuado previo informe favorable de la Inspección de Trabajo".

También ha dicho que en los ERE autorizados por Rivas, además, "siempre había acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores". Y sobre el "presunto enriquecimiento ilícito" que le atribuye la Guardia Civil, ha asegurado que "en ningún caso se puede determinar" el mismo.

Rivas, afirma, "no tiene nada que esconder" y su familia "es muy modesta y sus ingresos se producen, en su caso, como consecuencia de su actividad laboral". Ha concluido señalando que "sólo existen dos autos en los que se hable de la imputación de Rivas, y son de 2012".

Rivas ha comenzado a las 11.15 horas su comparecencia como imputado ante la jueza. Lo ha hecho más de tres años después de ser imputado en la causa. Ha llegado acompañado por su abogado a los juzgados del Prado de San Sebastián de la capital hispalense a las 10.15 horas, aunque finalmente su comparecencia ha dado comienzo con 45 minutos de retraso sobre el horario previsto.

La comparecencia se ha celebrado en una sala de vistas y no en el despacho de Alaya, y ha contado con la presencia de más de 30 abogados personados en la causa.

Esta misma semana se ha conocido un oficio en el que la Guardia Civil anuncia que la información facilitada por los diferentes organismos oficiales a lo largo de la investigación "revelaría un presunto incremento patrimonial ilícito" por parte de Rivas "pendiente de confirmar y cuantificar, pudiendo haber utilizado para ello a personas vinculadas directamente a su entorno familiar".

Así, destaca la "vinculación laboral" que la novia de uno de los hijos de Rivas "habría mantenido" con empresas vinculadas al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, refiriéndose en concreto a María del Carmen Rodríguez Borrego, "quien habría figurado de alta en el régimen general de la Seguridad Social" en las mercantiles Al Andalus Mass Media Channel y Consulting Social Siemur, de las cuales "habría percibido un importe total de 21.840,13 euros".

El exdelegado provincial de Empleo, que lleva imputado en el caso ERE desde el 20 de enero de 2011, presentó el pasado día 4 un escrito en el Juzgado en el que pide a la jueza que grabe su declaración y que le informe de las pruebas de la Guardia Civil para atribuirle un "enriquecimiento ilícito", así como que le de traslado del último atestado sobre Mercasevilla.