El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga presentará este lunes en la Comisión de Pleno de Economía, Promoción Empresarial y Empleo sendas mociones exigiendo al equipo de gobierno del PP que, "a la mayor brevedad posible y siempre dentro del presente año", se elabore una ordenanza municipal específica que defina los marcos de actuación del Consistorio en el ámbito de la contratación pública responsable con criterios sociales, así como una nueva normativa reguladora de la ocupación de la vía pública.

Respecto a la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública del Ayuntamiento, se demandará efectuar para 2014 una reserva social de al menos el dos por ciento sobre la cifra global de contratación del conjunto del Ayuntamiento para la adjudicación de determinados contratos, principalmente a empresas de inserción que justifiquen seguimiento personalizado de colectivos en situación de exclusión social, según han explicado a Europa Press la portavoz socialista, María Gámez, y la concejala Francisca Montiel, firmantes de esta moción.

Otro punto de la moción contempla la aplicación a todas las contrataciones de las preferencias en la adjudicación establecidas, con carácter potestativo, en la disposición adicional sexta de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) a favor de las propuestas presentadas por empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento o se dediquen específicamente a la promoción e inserción laboral o por entidades sin ánimo de lucro, si se trata de contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial.

Por último, se propondrá incluir condiciones especiales de ejecución de tipo social en los pliegos de los contratos, conforme a las previsiones del artículo 102 de la LCSP, en particular, las dirigidas a promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, a eliminar desigualdades entre mujeres y hombres, a combatir el paro u otras finalidades que puedan fijarse con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, según el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Han indicado que las cláusulas sociales tienen como finalidad la conciliación de los objetivos y principios inherentes a la contratación administrativa, con objetivos referidos al desarrollo de políticas de empleo e inserción social. Se pretende que, en el marco del ordenamiento y sin dejar de garantizar la eficacia en los contratos, la contratación pública del Ayuntamiento sea "un instrumento más en la lucha contra la exclusión social".

Según han defendido, la implantación de las cláusulas o condiciones sociales debe hacerse de forma progresiva y dentro de un proceso de trabajo controlado y evaluado para llegar a aplicarse a todos los procedimientos de contratación del Ayuntamiento. Ello teniendo en cuenta la eficacia y la eficiencia que rigen el gasto público, así como el cumplimiento de los principios generales de la actividad contractual de la Administración y de los de igualdad y no discriminación, y evaluando periódicamente el cumplimiento de las condiciones establecidas mediante una comisión técnica de carácter asesor creada al efecto.

A juicio de Gámez y Montiel, existen mecanismos nuevos en favor de la contratación social que la dotan de fuerza jurídica y vinculante para que Málaga llegue a ser un municipio de oportunidades, planteando vías para la incorporación al mundo laboral de personas con la necesidad de un acompañamiento determinado.

Por ello, han continuado, "es preciso elaborar una ordenanza específica de contratación responsable que sistematice la actuación del Ayuntamiento de Málaga en relación con temas como reserva social, preferencias en la adjudicación, condiciones especiales de ejecución, criterios de valoración y prescripciones técnicas, siempre de manera consensuada y trabajando conjuntamente con entidades sociales, empresariales, sindicales y de todas las áreas municipales".

Para los socialistas, es posible incorporar a corto plazo medidas formales de contratación responsable, sobre todo con la implantación de la reserva social de al menos el dos por ciento del presupuesto para 2014, la incorporación de cláusulas sociales y el refuerzo de la contratación municipal como instrumento de creación de empleo responsable.

Vía pública

En cuanto a la nueva ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública, se instará al equipo de gobierno a su elaboración "de manera consensuada con todos los agentes implicados", según lo acordado por el Pleno en su sesión de diciembre de 2011, han señalado Gámez y Montiel, quienes han recordado que la actual normativa entró en vigor en 2007.

"Ha pasado año y medio desde la aprobación por unanimidad de la propuesta socialista para la puesta en vigor a la mayor brevedad posible de la nueva ordenanza, compatibilizando los intereses de todos los colectivos implicados —vecinos, empresarios de hostelería, comerciantes y viandantes—, y, sin embargo, todavía no se tienen noticias de esa norma", ha advertido Gámez.

La ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública tiene por objeto "establecer la regulación jurídica del aprovechamiento especial de terrenos de dominio público y privado dentro del término municipal de Málaga, mediante la ocupación con instalaciones anejas o accesorias a un establecimiento principal de hostelería y/o restauración", es decir, según han precisado, "cómo controlar, vigilar y ordenar la vía pública".

Las concejalas del PSOE han incidido en que los cambios en los usos y costumbres, así como la aplicación de determinadas normas, como la ley antitabaco, o las modificaciones en las características de la ciudad, como la peatonalización de determinadas zonas, hacen que "los tiempos de vigencia de esta ordenanza puedan ser relativamente cortos si se quiere que realmente sirva para establecer ese espacio tranquilo de convivencia entre el derecho ciudadano al uso y disfrute y la cesión a empresas privadas para que puedan utilizarlo para sus establecimientos".