El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha rebajado la presencia e importancia otorgada a la Marca España en la Ley de Acción Exterior después de las críticas que el Consejo de Estado hizo a su inclusión, por entender que esta iniciativa no tiene "anclaje" suficiente en la norma propuesta.

El proyecto de ley remitido a las Cortes insiste ahora en "la promoción de la imagen de España". Los cambios introducidos por Exteriores en el proyecto de ley que aprobó recientemente el Gobierno, y que comienza ahora su tramitación parlamentaria, comienzan ya en la exposición de motivos, de la que desaparece toda referencia a la Marca España, la iniciativa con la que el Departamento que dirige José Manuel García-Margallo pretende "mejorar" la imagen del país.

En el anteproyecto de ley, el Gobierno destacaba ya en la exposición de motivos que, en el marco de la Estrategia de Acción Exterior que el Ejecutivo debe aprobar, "la promoción de la Marca España" es "una tarea inexcusable". En el texto enviado al Congreso se establece que esta "tarea inexcusable" es "la promoción de la imagen de España en el exterior".

Algo similar ocurre en el artículo de la ley dedicado a "la promoción de la imagen de España y de la acción informativa en el exterior", del que se caen cuatro referencias a esta iniciativa.

Sólo se menciona en un apartado del nuevo artículo 35, en el que se dice que los planes de acción exterior para la promoción de la Marca España que apruebe el Gobierno se desarrollarán las previsiones contenidas en la Estrategia de Acción Exterior.

Así, se elimina la mención a los "Planes Anuales Marca España" de los que hablaba el anterior texto y el resto de referencias que se hacía de esta iniciativa, que se sustituye en todos los casos por la idea de promover la imagen de España en el exterior.

No obstante, sí mantiene, en el artículo 6 del proyecto, la premisa de que corresponde al Gobierno la aprobación de "los planes anuales de acción exterior para la promoción de la Marca España", como califica ahora a lo que antes denominó "Planes Anuales Marca España".

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recogido de esta manera las recomendaciones del Consejo de Estado, que en su informe, alertó de que la Marca España es "una idea" cuya inclusión, al no tener "anclaje" en el texto, podría resultar "perturbadora y potencialmente disfuncional".

El órgano de consulta del Gobierno calificó de "loable" el "propósito" de la Marca España, pero apuntó que es "una denominación contingente de una determinada 'iniciativa política', que sin embargo carece del componente de esencialidad y estabilidad en la política exterior de España suficiente para figurar en una norma con vocación general y de permanencia".

Otra de las recomendaciones atendidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores afecta a la proyección de las Comunidades Autónomas. El Consejo de Estado avaló la potestad del Ejecutivo para "regular" la acción exterior de las autonomías para "evitar o remediar eventuales perjuicios" y dejó claro que las comunidades "no son sujetos de derecho internacional", por lo que no pueden firmar acuerdos con otros Estados que obliguen el Gobierno.

No obstante, pidió a Exteriores que acotara los elementos de acción exterior a los que deben sujetarse las comunidades autónomas y las "consecuencias" de no hacerlo.

En el proyecto de ley aprobado, el Ministerio ha precisado que la información sobre viajes, visitas, intercambios y actuaciones con proyección exterior que quiere exigir a las comunidades autónomas comprende a los protagonizados por sus presidentes, miembros de sus Consejos de Gobierno, altos cargos y miembros de sus Asambleas Legislativas.

Además, incluye un nuevo apartado en el artículo sobre 'las comunidades autónomas y entidades que integran la Administración local' que establece que las CCAA podrán "celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional cuando así lo prevea el propio tratado, les atribuya potestad para ello y verse sobre materias de su competencia".

También les reconoce la posibilidad de "celebrar acuerdos no normativos con los órganos análogos de otros sujetos de derecho internacional, no vinculantes jurídicamente para quienes los suscriben, sobre materias de su competencia".

Tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 14 de junio, el ministro García-Margallo explicó que, con esta ley, el Gobierno pretende tener "una orquesta y no un conjunto de solistas desafinados".

Se trata, dijo, de aunar y coordinar los esfuerzos entre el Estado y el resto de agentes que puedan operar en la acción exterior, como las comunidades autónomas, en beneficio de España.

Por otra parte, el proyecto de ley mantiene el artículo en el que se recoge la posibilidad de que el Gobierno pueda exigir el reembolso de la totalidad o parte de los recursos que utilice en "operaciones de asistencia en el extranjero", cuando los ciudadanos se "hayan expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de asuntos Exteriores y de Cooperación informa".