El portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eloy Suárez, ha anunciado que exigirá responsabilidades políticas por la "irrecuperable pérdida patrimonial" de una parte de la muralla medieval, después de que unos 20 metros lineales se desplomaran a principios de este mes entre la calle Arcadas y Alonso V.

Suárez ha recordado que esta muralla está catalogada como Bien de Interés Monumental, por lo que ha considerado que "si bien no pedimos dimisiones, creemos que se debe asumir el error" y ha añadido que el alcalde, Juan Alberto Belloch, "tendrá que decir quien es el responsable por una negligencia que ha afectado a la muralla"

Este error, según Suárez, se revela en la "desidia y negligencia" a la hora de actuar del Gobierno de Zaragoza al que le "constaban denuncias vecinales de hace un año y medio sobre el estado de la muralla".

En rueda de prensa, Suárez ha considerado que "alguna responsabilidad tendrá" el consejero municipal de Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras y Vivienda, Carlos Pérez Anadón, y del presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico, José Manuel Alonso, quien también es el portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Suárez ha lamentado que "Belloch no ha actuado bien en este asunto y el PP, en tono constructivo, solo quiere evitar que vuelva a ocurrir en el futuro, además de preservar la historia de esta ciudad".

MOCIÓN

En una moción que defenderá en el próximo pleno, Suárez también reclamará que en el plazo de quince días se evalúe el cumplimiento del Plan especial de la muralla medieval que se puso en marcha en 1997 y ha reclamado que se incluyan todas las partidas y actuaciones destinadas al mantenimiento y su conservación.

Otra exigencia que expondrá es la elaboración de un plan de actuación y revisión inmediata de la totalidad de la muralla medieval y su entorno, además de un plan de restauración acorde con las indicaciones del Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana.

Asimismo, pedirá que, en el plazo de tres meses, se actualice el catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés a la situación "real y actual" de todo patrimonio histórico y artístico de la ciudad y la cuantificación económica de las actuaciones necesarias para evitar un nuevo suceso de deterioro "irremediable" del patrimonio.