El consejero de Educación del Gobierno foral, José Iribas, ha presentado un protocolo de actuación para luchar contra el absentismo escolar en Navarra. El texto establece diversas medidas de prevención, detección e intervención, a través de un procedimiento jerarquizado y ordenado que involucra a los centros educativos, los servicios sociales y la fiscalía de menores, en colaboración con las asociaciones de inmigrantes y gitanos.

El protocolo tiene un carácter general, pero está especialmente ideado para la población gitana e inmigrante, debido a que estos colectivos son los que arrojan unos mayores índices de absentismo.

En 2012, según datos estimados, el 45% del alumnado gitano de Primaria y el 68% de Secundaria faltaron alguna vez a clase sin justificación, aunque únicamente en el 12% (Primaria) y el 7% (Secundaria) de los casos el absentismo fue elevado (superior al 50%). Entre el alumnado inmigrante, el 20% presentó algún nivel de absentismo, tanto en Primaria como en Secundaria, pero solo en el 4% (Primaria) y el 1,5% (Secundaria) de los casos fue elevado.

En Navarra durante este curso 2012-2013 hay un total de 10.245 alumnos inmigrantes matriculados en los niveles educativos obligatorios. Se estima, además, que hay en torno a 1.400 alumnos gitanos escolarizados en estas etapas.

El protocolo ha sido elaborado por la Comisión contra el absentismo y el abandono escolar del Departamento de Educación, que está integrado por representantes del Gobierno de Navarra -concretamente de los departamentos de Educación y de Políticas Sociales-, la Fiscalía Superior de Navarra, las asociaciones gitanas y la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra (FAIN).

Su objetivo es garantizar el derecho de los menores a la educación, en cumplimiento del artículo 24 de la Ley Foral 15/2005 de Promoción, Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia.

El documento ha sido presentado en rueda de prensa por el consejero Iribas, acompañado por el director del Servicio de Ordenación e Igualdad de Oportunidades, José Luis Asín; el jefe del Negociado de Proyectos de Inclusión, Miguel Arrondo, y un representante de la asociación La Majarí, Roberto Urrutia.

Iribas, que ha recordado que Navarra presenta de las tasas más bajas de abondono escolar del conjunto del país, ha destacado que este protocolo está "muy trabajado". "No existe futuro para un chico o una chica que no va a la escuela y la educación es un derecho constitucional del menor", ha defendido.

En esta línea, el consejero ha afirmado que es un "deber" de las Administraciones públicas garantizar ese derecho a la educación. "No estamos trabajando sólo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo con la idea de que la calidad del sistema educativo se constata también por el tratamiento a las minorías que integran la comunidad educativa", ha expuesto, para señalar que "hay que prevenir, hay que detectar y hay que intervenir".

Líneas rojas de intervención

Tanto la elaboración como la puesta en marcha del protocolo se rigen por los principios de responsabilidad compartida, trabajo en red y complementariedad entre todos los agentes implicados, así como por la inmediatez en la ejecución, ha informado el Ejecutivo.

En este sentido, el texto recoge una serie de señales de alarma o líneas rojas a partir de las cuales se hace necesario intervenir de manera inmediata para atajar precozmente el problema y evitar que se cronifique.

Los límites establecidos son cuatro faltas mensuales injustificadas en los niveles de Infantil o Primaria; veinte horas mensuales de faltas injustificadas en la etapa de Secundaria; cuando a juicio del centro la falta de asistencia, continuada o esporádica, pueda representar un riesgo para su educación o su seguridad; y cuando se detecta un absentismo, aunque sea leve, en un número importante de alumnos de un sector concreto de población.

Niveles de intervención

Por otro lado, el protocolo fija un procedimiento de intervención jerarquizado y ordenado, con cuatro niveles de actuación en función de la gravedad de los casos.

El primer nivel, pensado para los casos más leves, requiere únicamente la intervención del centro educativo correspondiente, primero del tutor (hasta dos faltas por mes) y, después, del jefe de estudios y el orientador (hasta cuatro faltas por mes). En esta etapa se hace un seguimiento del absentismo, se analizan las posibles causas y se toman las primeras medidas para atajar el problema, entre ellas distintas actividades preventivas (planes de acogida, metodologías inclusivas, planes de atención a la diversidad, etc.) y el contacto con la familia. Si los resultados no mejoran o el índice de absentismo alcanza el 20%, se pasa al siguiente nivel.

En un segundo estadio, se sale de las aulas y se actúa en el entorno del alumno (localidad, barrio, zona). Se crea una red asistencial, coordinada por un trabajador social y participada por representantes de los servicios sociales, los centros educativos y de salud, la policía municipal y otras entidades implicadas, para compartir información y coordinar sus acciones. Entre otras actuaciones, se contacta con las familias para llevar a cabo medidas informativas, disuasorias, de apoyo a la escolarización y a la familia. En caso de no obtener resultados o que el nivel de absentismo alcance el 50% se pasa al siguiente nivel.

En la tercera etapa, el asunto pasa al Departamento de Políticas Sociales, encargado de realizar una valoración de desprotección del menor. En concreto, le corresponde medir el índice de desprotección del alumno para comprobar si existe abandono, delincuencia, etc. En caso de demostrar su existencia, el caso pasaría a manos de la Fiscalía de Menores, en el cuarto y último nivel.

Contenido del protocolo

El documento se estructura en torno a un triple marco teórico, inclusivo y legal. El primero de ellos, el teórico, delimita el concepto (la falta de asistencia del alumno al centro educativo, sin causa justificada, durante la edad de escolarización obligatoria) y los tipos de absentismo (pasivo, si no participa en la dinámica de clase; leve, cuando el absentismo es selectivo, puntual o intermitente; grave, cuando las faltas injustificadas se sitúan entre el 25% y el 50% del crédito horario; muy grave, cuando superan el 50%; y la no escolarización).

En esta parte, se enumeran además las señales de alarma o líneas rojas que deben activar la intervención y las medidas preventivas de carácter general, que tienen por objeto la inclusión de los alumnos (planes de acogida que incentiven la participación escolar de las familias, la fidelización de los alumnos desde las primeras etapas educativas, las metodologías inclusivas, como los trabajos por proyectos y la organización de grupos heterogéneos, etc.).

El marco inclusivo contiene una serie de actuaciones preventivas, de detección e intervención con las que tratar el absentismo en el centro educativo. Según recoge el documento, la asistencia al centro es condición necesaria pero no suficiente y la inclusión se debe apoyar en tres pilares: presencia, participación y aprendizaje.

Finalmente, el texto del protocolo contiene el marco legal en el que se fundamenta la iniciativa. Hace referencia a leyes de ámbito estatal y presta una especial atención a la legislación foral, sobre todo a la Ley Foral 15/2005 de Promoción, Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que en su artículo 24 indica que "las administraciones públicas de Navarra velarán por el cumplimiento de la escolaridad obligatoria con arreglo a la legislación vigente, coordinando y emprendiendo las acciones necesarias para fomentar la asistencia regular a los centros de enseñanza y evitar el absentismo escolar".