El Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Torrelavega ha anunciado este jueves que denunciará ante la Fiscalía de Cantabria al concejal de Obras y Servicios Generales, Francisco Trueba (PP), para que determine si el edil incurrió en presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental al gestionar la concesión del servicio de aguas a un vecino de Duález.

El PRC considera que la responsabilidad política por estos hechos es del alcalde, Ildefonso Calderón, al que ha criticado por no haber actuado pese a que existían indicios de conducta "irregular", según ha señalado el portavoz del PRC, Pedro García Carmona, que informado de la decisión de su grupo en un rueda de prensa en la que ha estado acompañado de los concejales Pedro Pérez Noriega, Javier López Estrada y Jesús Sánchez.

García Carmona ha destacado que, a la vista de la documentación que posee el grupo, se trata de unos hechos "muy graves", que va a trasladar a la Fiscalía ante la "falta de actuación" de Calderón.

"Opacidad, ocultación de información y obstrucción del trabajo y labor de la oposición y de los funcionarios, esto es lo que se deduce a la vista de los informes emitidos por el letrado municipal y de la actuación del alcalde", ha afirmado.

El portavoz regionalista ha explicado que su grupo tuvo conocimiento de los hechos el 18 de septiembre a través del letrado municipal, que dio a conocer la existencia de un primer informe en el que se constataban una serie de hechos que, a su juicio, pudieran ser constitutivos de responsabilidad penal, por lo que instaba al alcalde a que actuara en consecuencia, es decir a acudir directamente al Juzgado de Guardia o bien al Ministerio Fiscal.

Según García Carmona, ese mismo día Pérez Noriega, como miembro del Consejo de Administración de la empresa municipal de aguas, solicitó copia del informe del letrado municipal y secretario del Consejo de Administración, así como de todos los documentos que formaran parte del expediente. Información que se ha ido dando con "cuentagotas", habiéndose comenzado a recibir el 30 de septiembre, al terminar el Pleno, ha dicho.

En ese primer informe se explica que se había tenido conocimiento de que Trueba había firmado un escrito, fechado el 29 de febrero de 2012, con membrete oficial del Ayuntamiento, en el que se decía textualmente: "Atendiendo a la petición de un vecino de Duález y teniendo constancia del problema. Valorada por parte de la Junta de Gobierno hemos tomado la decisión de suministrarle agua, corriendo los gastos, tanto de obra, como de consumo, por cuenta del vecino".

En dicho documento, el letrado constataba, según el PRC, que tras las correspondientes comprobaciones que realizó y que enumera en su informe de 30 de julio de 2012, en las sesiones celebradas durante el año por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento no figura "ninguna referencia" sobre el acuerdo al que aludía el concejal en su escrito del mes de febrero dirigido a la empresa de aguas.

Y añade que el concejal "tenía conocimiento y constancia del problema" y, además, según el ingeniero de Caminos municipal, advirtió a Trueba que, "con el reglamento en la mano no se podía otorgar el suministro de agua y que hablara con el secretario municipal por si era de otra opinión".

Sin embargo, y para "sorpresa" del Grupo Regionalista, junto con ese primer informe del 30 de julio se acompañaba otro del mismo funcionario, del 27 de septiembre, en el que "se desdice" de lo manifestado y en el que afirma que, "conociendo más información no parece procedente poner en concimiento de las autoridades judiciales los hechos descritos porque de las explicaciones dadas no se infiere que sean constitutivos de infracción penal".

García Carmona ha explicado que este nuevo informe, junto a un tercero del 7 de septiembre al que se tiene acceso con posterioridad y en el que se habla, entre otras cosas, de "obstrucción" por parte del alcalde al letrado municipal, da lugar a que el PRC se pregunte "por qué este cambio de criterio sin evidencias que lo justifiquen y redactado el mismo día que es solicitado por Calderón".

Antes estos hechos y ante su "silencio", el portavoz regionalista ha exigido al alcalde que "asuma su responsabilidad y que hable públicamente". También ha dejado claro que el Grupo Regionalista ha denunciado esta situación "obligado por razones de justicia y de responsabilidad".