El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha señalado este martes que mantiene la esperanza de que el Ministerio de Fomento busque finalmente una solución técnica que no obligue a los canarios a llevar el certificado de residencia consigo.

Berriel indicó, en declaraciones a los medios, que espera que en la próxima reunión que van a mantener con la Dirección de Aviación Civil para tratar dicho tema, se busque una solución.

"Hay una comisión convocada por la Dirección de Aviación Civil para tratar ese tema. Tengo esperanzas de que se busque una solución técnica antes del 1 de septiembre que permita no tener que acudir a una medida tan anticuada", resaltó.

Y es que el consejero señala que tener que ir a los ayuntamientos para solicitar el certificado de residencia implica "volver a situaciones que están ya muy superadas".

"Estamos en la era de la informática y por tanto esas consultas pueden ser automáticas en la emisión del billete. Esto es una carga a la cantidad de personas que se mueven en Canarias", subrayó.

Se mueven más de 7

Millones de pasajeros

Añadió que entre los viajes interiores por el archipiélago y los de Canarias con el exterior se mueven unos 7 millones de pasajeros, ya que apuntó a unos 3,5 millones de personas que realizan vuelos insulares, y otros 3 millones que lo hacen por barco, junto a un millón que viaja entre Canarias y la Península.

Sin embargo, agregó que desde Fomento se insiste "en que hay que hacer un control porque se ha detectado personas que no siendo residentes en Canarias viajan con muchísima frecuencia". De todos modos, Berriel señaló que el Gobierno canario apoya el "control y garantía de que nadie pueda hacer un fraude con ni un sólo euro del Estado de la Administración pública" pero, por ello, dijo "se debe evitar que se penalice a toda la ciudadanía" canaria.

Berriel indicó que el Ejecutivo autonómico ha ofrecido al Ministerio un programa que tienen en previsión y por el que se pueden hacer las consultas de residencia de forma informática en el momento de emitir el billete, cruzando una serie de datos que existen en la Administración, programa que "se pone a disposición del Ministerio".

Pero, agregó, Fomento aduce que "hay un problema legal de la Ley de Protección de Datos", lo que Berriel consideró como un asunto "muy salvable", ya que la persona que saque el billete puede permitir que se verifique su situación. "No nos parece que sea un problema legal difícil de resolver", concluyó.