La Diputación vizcaína no tiene intención de devolver a los usuarios de la A-8 el importe del peaje, que según los jueces, se cobró de manera indebida entre 2003 y 2007. Así lo aclaró ayer en una nota después de que una nueva sentencia del Tribunal Supremo, dada a conocer ayer, avale un dictamen suyo anterior que consideraba «nula» la norma foral que regulaba el cobro del peaje en el tramo vizcaíno de la A-8 entre 2003 y 2007.
Cuestión de interpretaciones. Para el PP, formación que llevó a juicio el canon de la A-8, la anulación de esta norma debe conllevar «una devolución inmediata» de los importantes pagados en los peajes.
Para la Diputación vizcaína, sin embargo, el auto del Supremo «no implica la devolución de las cantidades cobradas». Es la misma respuesta que ya dio hace unos meses a la primera sentencia del Alto Tribunal.
Por partes. Una primera sentencia, dictada en 2006 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, declara «nula» la norma foral. Vamos, que la Diputación, por medio de su órgano Interbiak, había cobrado a los usuarios de manera irregular el peaje de la A-8. La Diputación recurre después al Supremo y éste, en su respuesta, avala al Superior vasco. El cobro del peaje, pues, sigue siendo inválido.
Un nuevo recurso foral intenta descomponer esa última sentencia por medio de una argucia legal que nada tiene que ver con el cobro en sí del peaje.
Por fin, el auto dado a conocer ayer viene a decir que la sentencia anterior es válida y que no caben más recursos. Pero, según insiste la Diputación, todo ello no conlleva la devolución de los importes. Según los servicios jurídicos forales, la consecuencia práctica de la sentencia del Supremo es que Diputación debe elevar a rango de norma foral el decreto que regula el cobro del peaje. De reingresar el dinero, nada de nada.
El PP, sin embargo advirtió ayer a los responsables forales que, de no acatar la sentencia pueden incurrir «en responsabilidades civiles y penales».
258 MILLONES DE EUROS EN JUEGO
Entre 2003 y 2007, Interbiak recaudó en la A-8 hasta 170 millones de euros. Es lo que el Supremo considera mal cobrado. Desde esa fecha, otra normal foral –que, de momento, también está considerada nula por el TSJPV– regula los cobros. La cantidad total ingresada alcanza los 258 millones. El 70% de los conductores paga el peaje con tarjeta o con telepago.
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