La vicesecretaria de Política Electoral del PP-A, Patricia Navarro, se ha mostrado este jueves convencida de que la Junta de Andalucía tiene "incendiado" el sector público andaluz mediante la aplicación de "prácticas erróneas e irregulares" como "cesiones ilegales de trabajadores", que, según la dirigente 'popular', se extienden "a lo largo y ancho de Andalucía y por todas las consejerías".

En una rueda de prensa celebrada en Sevilla junto al portavoz parlamentario de Infraestructuras del Grupo Popular, Jaime Raynaud, Navarro ha señalado que esa práctica viene a demostrar un "menosprecio permanente a la función pública" por parte de la Junta, que "ignora y se salta de forma intencionada y descarada las leyes para que quienes desarrollen las labores propias de funcionarios sean comisarios políticos" que ayuden en ese afán de control que, a su juicio, tienen "los máximos responsables de las consejerías".

Sin embargo, la representante 'popular' cree que "lo que están consiguiendo es tener un día sí y otro también un varapalo judicial que denuncia la ausencia de procedimientos administrativos y su desprecio absoluto al Derecho público", además de "perjudicar a los funcionarios, a los trabajadores del sector público y también a los externos cuyos servicios han tenido contratado a lo largo de estos años".

Al hilo de ello, Navarro ha achacado a la Junta la existencia de una Administración pública "paralizada por el descontento generalizado que hay en su seno", así como por "la mala gestión" que, en su opinión, ha aplicado el Gobierno en ella, todo por "el único interés de controlarlo e intervenirlo absolutamente todo".

Frente a ello, la vicesecretaria de Política Electoral del PP-A ha remarcado que su partido apuesta por "una Administración donde el protagonismo de la gestión cotidiana la tengan los funcionarios con el apoyo del sector público", si bien ha recalcado que éste tiene que ser "redimensionado" y debe tener "un tamaño ajustado a las necesidades de la Administración pública" en la que se apliquen "medidas de transparencia y de rigor en la gestión" para que no se dé el "descontrol" que, a su juicio, caracteriza actualmente al sector público andaluz.