La Xunta de Galicia ha aplazado el desahucio previsto para este miércoles de una familia de Ferrol de 10 miembros, que residía en una vivienda del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) situada en el barrio de Caranza, y ante la que se concentraron más de un centenar de personas, convocadas por el colectivo '15-M' de Ferrol.

La protesta ciudadana se mantuvo pese a que el desahucio se había aplazado en las últimas horas y dado que los miembros del colectivo y de la familia aseguraron que no contaban con ninguna confirmación oficial. La casa, de unos 80 metros cuadrados, está situada en el Bloque 47, portal 55, de la calle Pardo Bazán.

La familia está encabezada por Carmen, de 56 años, que trabajó como limpiadora para la Xunta de Galicia pero que se encuentra en paro. Con ella, viven sus tres hijos, la mujer de uno de ellos, y sus cinco nietos menores de edad.

La casa fue adjudicada en el año 1983 y el titular era su exmarido. Cuando se produjo el divorcio, la vivienda no pudo ser puesta a nombre de la mujer, según explicó la familia, y el impago que se acumulaba provocó que el contrato se anulase en 1999 y no fuese subrogado a la mujer, para que pagase la deuda. Tras varios procesos judiciales, el juzgado falló a favor del IGVS en 2003 y en 2005 el TSXG desestimó la apelación presentada por la familia.

Desde el colectivo '15-M' se ha criticado que, aunque el proceso sea legal, el desalojo se produzca tras varios años con el proceso parado, cuando todos los miembros de la familia están en paro y en plena crisis económica, por parte de una administración pública, y en un barrio en el que "más de 100 viviendas están vacías y están previstos más desahucios similares".

Alejandro Cortizas, abogado y colaborador del colectivo '15-M', ha censurado que las reclamaciones "que llevaban muertas muchos años", se realicen ahora en plena crisis económica. "Como tenga que levantar la crisis capitalista Óscar —uno de los hijos de la mujer— y su familia, y el resto de gente que está en su misma situación, a parte de que no se va a levantar, va a haber gente viviendo debajo de los puentes", ha advertido.

Trámites para otra vivienda

La familia iniciará los trámites para poder disponer de tres viviendas en las que alojarse, aunque temporalmente se han trasladado a dos pisos de alquiler. Óscar, uno de los hijos de Carmen, ha asegurado ante los medios que tanto él como su hermana habían solicitado viviendas de protección oficial, pero todavía no se las habían concedido. "Solicitamos viviendas para dejarle esta a mi madre, si se cambiaba la titularidad, yo tengo el número cincuenta mil y pico y lo único que me dijeron es que hay que esperar cinco años para que me den un piso", ha señalado.

Aunque el desalojo se ha aplazado hasta que se garantice el derecho de los menores residentes en la vivienda, Martinha, representante del '15-M', ha interpretado la decisión como "un lavado de cara de la administración pública", porque "el 23 de junio se había producido una llamada de Servicios Sociales en la que se amenazó a Óscar con retirarle la custodia de sus hijos si continuaba residiendo en la vivienda". El piso se encuentra en un importante estado de deterioro.

El colectivo del 15-M ha animado a todos los afectados del colectivo a informar de su situación a través de la dirección de correo electrónico acampadaferrol@gmail.com y del teléfono 696101066.