En la memoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal pone de manifiesto que durante el pasado año se solicitó a la empresa municipal de Limpieza Pública del Ayuntamiento (Lipasam) un informe sobre la ubicación de los contenedores de residuos de todo tipo en la vía pública que pudieran afectar a la seguridad de los peatones y del tráfico en general, "dadas las quejas expuestas por los ciudadanos en los medios de comunicación y en distintos foros".

En este sentido, indica que, "con absoluta colaboración y diligencia" por parte de Lipasam, se realizó un "extenso" informe sobre los 17.976 contenedores distribuidos por la capital, analizando su ubicación cuando ésta dificultaba pasos de cebra, la visibilidad en intersecciones viarias, semáforos y demás circunstancias que dejaban patente la consideración de algunos de ellos como obstáculos a los efectos de la Ley de Tráfico.

Tras la inspección realizada, se detectaron hasta 3.601 contenedores con distintos defectos de instalación, como la situación incorrecta en cruce de viales o en salidas de garajes, y la ocupación de pasos peatonales, carriles bici, pasos de minusválidos, zonas de carga y descarga, estacionamiento de ambulancias, acceso a centros educativos, a Urgencias de los hospitales, paradas de autobús y medianas de calles.

"PELIGROSIDAD"

En la memoria, el fiscal Luis Carlos Rodríguez León señala que, "analizada la peligrosidad" de lo anteriormente descrito, conjuntamente por el gerente de Lipasam y la Fiscalía de Seguridad Vial se elaboró por el primero un plan de corrección, actualmente en ejecución, que a 31 de diciembre había corregido la instalación de al menos la mitad de los detectados como incorrectos, es decir, unos 1.800 de los 3.601 contenedores mal ubicados.

De otro lado, y tras diversas reuniones con los responsables del Ayuntamiento hispalense, se elaboró el informe-catálogo de los reductores de velocidad —badenes— existentes en la ciudad, así como el plan de corrección del mismo, que se está ejecutando en la actualidad.

Como resultado del informe, se ha llegado a saber que en Sevilla, a fecha de entrada de la orden del Ministerio de Fomento que regula este tipo de reductores de velocidad, había 385 badenes, de los que se han eliminado ocho. Asimismo, y a la misma fecha referida, había 232 bandas transversales de alerta, todas las cuales han sido ya eliminadas. El presupuesto para estas actuaciones ha ascendido a 24.139,36 euros.