El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado al Fútbol Club Barcelona que aporte el contrato que firmó con el futbolista brasileño Neymar Da Silva Santos Junior antes de decidir si admite o no a trámite la querella presentada contra el presidente de la entidad, Sandro Rosell, por un delito de apropiación indebida. El del brasileño, fichado el pasado verano, fue la segunda operación más cara en la historia de la entidad tras la de Ibrahimovic.

En un auto dictado este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se declara competente para investigar estos hechos por tratarse de supuestos delitos cometidos por español en el extranjero y admite la personación del querellante, el impulsor de la plataforma opositora 'Consulta Barça' Jordi Cases.

Ruz, que se dirige al club azulgrana a petición de la Fiscalía, pide  "la parte concreta del informe o memoria económica" relativos a los años 2011, 2012 y 2013 que la Junta Directiva del Barça presentó a la Asamblea General Ordinaria y en los que se da cuenta de los dos contratos que se firmaron con el jugador, uno en el año 2011 y otro el 27 de mayo de 2013. Ruz le pide la presentación de los papeles en el plazo de cinco días.

Según denuncia Cases Sandro Rosell cometió una "apropiación indebida" de 40 millones de euros presuntamente cometida en el traspaso del brasileño Neymar. Cases, que se planteó llevar a cabo una moción de censura contra Rosell a principios de octubre —cuestión que descartó ante la imposibilidad de reunir los apoyos necesarios—, envió un burofax al club barcelonista en la que solicitaba toda la información sobre la operación.

La querella afirma que el Barcelona contrató a Neymar por 57,1 millones de euros (17,1 millones en concepto de derechos federativos y 40 millones a la sociedad N&N), cantidad a la que habría que añadir 7,9 millones de euros por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos (equipo donde jugaba Neymar) y 9 millones de euros por dos partidos amistosos. El querellante sostiene que ese contrato se mantiene oculto para los socios del Barcelona por lo que no se conoce el destino real de los 40 millones de euros supuestamente pagados al jugador o sus representantes legales y le imputa así el delito de apropiación indebida.