El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) suspendió al ciclista español Iban Mayo por dos temporadas como consecuencia de su positivo por EPO en el Tour de Francia 2007, un caso de dopaje que se conoció días después de la conclusión de la ronda gala y que motivó la inmediata suspensión de empleo y sueldo del ciclista.

El positivo de Mayo fue archivado por la Federación Española (RFEC) poco después de que se le comunicase que el positivo no era concluyente, según la muestra B, la del contraanálisis. Cerrado por vacaciones, el laboratorio francés que realizó el primer análisis no hizo el segundo; la muestra B fue enviada a Bélgica. Esta irregularidad fue el principal argumento de la defensa del corredor. Tras tres meses  apartado, Mayo podía competir. Pero cayó atrapado en un limbo jurídico.

La Unión Ciclista Internacional (UCI), que antes pidió dos nuevos contraanálisis (en Chatenay-Malabry, Francia; en Gante, Bélgica)