Cristiano Ronaldo declara este martes en Madrid por el presunto delito fiscal que cometió durante sus años de residencia en España. El jugador está citado en la Audiencia Provincial y un aluvión de periodistas le esperarán a su llegada; pese a que el jugador quería evitarlo, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado su petición de evitar el 'paseíllo' ante la prensa.

Su defensa solicitó el pasado viernes a la Audiencia Provincial que adoptara medidas de seguridad en su acceso al edificio, esto es que le permitieran entrar y salir por el garaje para evitar la denominada 'pena de paseíllo' ante la numerosa presencia de periodistas, reporteros gráficos y aficionados que está prevista mañana.

La estrella de la Juventus y sus abogados llevaron a cabo este petición "debido a su gran notoriedad y al riesgo cierto de que el acceso ordinario al edificio no podrá realizarse en condiciones normales".

Cristiano Ronaldo estaba citado este mismo lunes aunque pidió aplazar la vista hasta el martes debido al compromiso deportivo de la Juventus que se enfrenta al Chievo en partido de la Serie A.

En el juicio de Ronaldo, que solo durará un día, el futbolista deberá aceptar los hechos tras la lectura del acuerdo de conformidad, por lo que la vista oral será una mera formalidad que durará unos minutos.

Por su parte, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid solicita cinco años de prisión para el exfutbolista Xabier Alonso Olano por la comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012.

El entrenador español será juzgado tambien este martes en la Audiencia Provincial de Madrid y reclama también la misma pena para el asesor fiscal Ivan Zaldúa Azcuenaga y para el administrador de la sociedad Kardazli Comercio Serviciosos de Consultoría e Investimentos LDA. Ignasi Maestre Casanova.

A cada uno de ellos, además, les exige el pago de una multa de 4 millones de euros y en concepto de responsabilidad civil les pide el abono de forma conjunta y solidaria de 2.032.845 euros a la Agencia Tributaria, esto es, la cantidad total del perjuicio económico que provocó a la Administración Tributaria, más los intereses generados.