Entidades del Tercer Sector podrán acceder a los conciertos sociales sin tener la declaración de interés asistencial

La Asamblea aprueba por unanimidad modificar la norma ley de Servicios Sociales para no exigírsela

La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una nueva modificación de la ley de Servicios Sociales para facilitar los conciertos con las entidades del Tercer Sector.

En la normativa se elimina la exigencia de que estas entidades tengan la declaración de interés asistencial y solo se les recomendará su posesión.

La modificación de la ley advierte que la posibilidad de establecer conciertos sociales debería estar abierta a todas las entidades que prestan esos servicios y no quedar limitada solo a las entidades que obtengan la declaración de entidades de interés asistencial.

En ese sentido, se ha modificado un artículo en el que existía una discrepancia y se ha eliminado la "exclusividad" de las entidades de interés asistencial.

La popular Inmaculada González ha criticado duramente a los grupos de la oposición por haber introducido enmiendas que iban en el sentido de exigir a las ONGs que obtuvieran dicha declaración.

Además, les ha reprochado haber perdido seis meses para poner en marcha los conciertos sociales.

Durante el debate parlamentario también se han introducido enmiendas de Ciudadanos a la ley para modificar la cantidad de ingresos de libre disposición que tienen los usuarios tanto en los centros concertados como los dependientes del IMAS.

Establecen que en caso de que el usuario participe en la financiación del servicio se deberá garantizar que mantenga como mínimo el 15% de sus ingresos para libre disposición.

"Esta cantidad no podrá ser inferior al equivalente al 20% del IPREM vigente, salvo en junio y diciembre que será del 40 por ciento", han defendido los diputados de Ciudadanos.

Por su parte, desde Podemos han apoyado la propuesta. Durante su alocución han apuntado que aún no se han declarado las organizaciones de interés asistencial y tampoco se ha desarrollado la orden y piden al Gobierno regional a "tomárselo en serio, no puede permitir que la asistencia social se convierta en un negocio y que empresas de la construcción, por ejemplo, puedan acceder a estos conciertos".

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