En cuanto a la modificación presupuestaria, se incluyen suplementos de créditos y créditos extraordinarios para abonar asuntos como el coste de distintas obras del Plan Supera, el incremento de la partida de Presidencia o el pago a los Alpe.

En este último asunto, la diputada provincial de Hacienda, Conchi Ufano ha señalado que, en todo momento, se ha atendido lo que marcaba los técnicos y que las actuaciones de la Diputación han estado marcadas por el descenso de las partidas que financiaban estos Alpe en Andalucía por parte del Gobierno en un 97 por ciento, por lo que como esas personas contratadas "no habían aprobado ninguna oposición, pues fueron despedidas, denunciaron y el juez les ha dado la razón, siendo readmitidos desde 2016".

"No se puede readmitir sin sentencia firme y así se ha hecho porque lo ha dicho un juez y no porque nosotros hemos mirado hacia otro lado", ha apostillado el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos.

El portavoz de Participa Sevilla, Julián Moreno, ha instado a Diputación a reconocer que fue un "error" estos despidos y presentar un recurso contra la decisión judicial, que ha sido ratificada, mientras que su homóloga en IU, Engracia Rivera, ha insistido en que "no fue una cuestión técnica, sino una decisión política" y espera que el Estado asuma los costes.

La portavoz del PP, Virginia Pérez, incide en que, "si hay una sentencia y la Diputación está a favor de los derechos de los trabajadores, era innecesario el recurso", a lo que suma que ahora hay que abonar 300.000 euros más. "Que sirva de ejemplo para no incurrir en el mismo error", sentencia.

Respecto al Servicio de Transparencia, Protección de Datos y Registro Electrónico, se trata de un instrumento que hará posible la transición hacia el nuevo modelo de interacción entre ciudadanos y administraciones prescrito por la legislación básica en materia de procedimiento administrativo.

Se pretende dar un paso más para culminar los trabajos abordados desde 2013, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Protección de Datos, que incide en las administraciones directamente y las obliga a una transformación organizativa para la adaptación a los nuevos servicios que han de ofrecer en lo referente al uso de medios electrónicos.

Entre las competencias de este nuevo servicio está, precisamente, dicho Registro Electrónico General, que pasa a ser el registro único de la corporación, y que conlleva la transformación de la actual Oficina del Registro en Oficina de Asistencia en materia de registro, orientada a los ayuntamientos y particulares que precisen de orientación en sus relaciones administrativas con la Diputación por estos nuevos procedimientos.

Además, deja sin efecto los actuales registros auxiliares de áreas con respecto al registro de entrada, quedando activos exclusivamente como registro de salida por eficiencia en los procedimientos administrativos, exceptuando los registros auxiliares del Boletín Oficial de la Provincia, Junta Arbitral de Consumo, los de los centros educativos y los de Prevención y Salud Laboral y Servicio Jurídico Provincial.

En cuanto al establecimiento de la RPT, el diputado responsable del Área de Empleado Público, Mario Martínez, ha señalado que estas modificaciones introducidas responden al "compromiso estratégico" de la Diputación de ir "tecnificando el servicio para mejorar la calidad de los servicios que se dan a los ayuntamientos". Sin embargo, la portavoz del PP, Virginia Pérez, ha planteado "serias dudas" y considera que no es "un documento con el futuro de lo que se quiere que sea la plantilla".