La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado este martes en 5.000 millones de euros el potencial impacto que las comunidades autónomas calculan sobre la devolución del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas en el supuesto de que el Tribunal Supremo dicte finalmente que debe pagarlo el banco con una retroactividad de cuatro años.