El juicio de la pieza política de los ERE encara su recta final en lo que a los interrogatorios de los 22 acusados se refiere. Este lunes le tocó el turno al exviceconsejero de Empleo entre 2000 y 2004 y consejero del mismo ramo hasta 2010, Antonio Fernández, que en su declaración negó haber hecho "algo" para evitar el control previo de las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por la Junta.

Su delcaración continuará este martes. Y, ya después de Semana Santa, las de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la del ex secretario general técnico de Empleo, Innovación y exdirector de Financias del IFA/IDEA Juan Francisco Sánchez García, que cerrará la ronde de interrogatorios a los acusados.

El fiscal, que pide para Fernández ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por presuntos delitos de malversación y prevaricación, le preguntó si el uso de las transferencias de financiación –herramienta con la que se pagaban las ayudas– propiciaba que se evitara la fiscalización del dinero otorgado, a lo que el exconsejero respondió que "ningún gobernante hace un trabajo para evitar algo". Y añadió: "Podríamos haberlo hecho mejor o peor o haber tenido avisos o reparo de quien corresponda, pero no es ni pensable", ya que la concesión y el pago de ayudas "tiene un recorrido y deja su huella".

Fernández, además, aseguró que el mecanismo utilizado en el pago de los ERE era el que "los técnicos habían pensado". "De mi nivel –viceconsejero– para arriba no lo hacía nadie", continuó, en relación a la elaboración del procedimiento de concesión de ayudas que ahora se juzga.

El Ministerio Público también cuestionó al ex alto cargo andaluz por una orden más específica para regular las ayudas que la Dirección General de Trabajo planteó entre los años 2003 y 2004. "No era necesaria ni imprescindible", respondió Fernández, ya que existía un reglamento general de subvenciones y de ayudas públicas publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El interrogatorio se centró también en la labor del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), después Agencia IDEA, que Fernández presidió entre 2001 y 2003, y en el convenio entre este ente y la consejería de Empleo para el pago de las ayudas. El exconsejero aseguró que "todo" lo que pasaba por el Consejo Rector del IFA "tenía un procedimiento que gozaba de presunción de legalidad, pues no iba nada que no fuera avalado por la asesoría jurídica y la dirección financiera" del ente. Y afirmó: "Que pagaba el IFA se sabe desde 1999, hay continuidad de modo de hacer".

En la sesión de este lunes, Fernández no ratificó su declaración de 2012 ante la jueza Mercedes Alaya, en la que afirmó que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán conocían la "operativa" del sistema ya que "no había nada ilegal". Respecto a esa declaración, el exconsejero señaló ayer que "la transcripción de la misma no refleja ni lo que dije ni lo que quise decir, aunque no quiere decir que no dijera la verdad", aseveró. Cabe recordar que Alaya envió a prisión a Fernández en abril de 2012, en donde permaneció hasta agosto de ese año, cuando pagó una fianza de 450.000 euros.