La Policía Nacional ha detenido este martes por revelación continuada de secretos en el caso Cursach a un inspector que fue responsable del grupo de Blanqueo de la Jefatura de Baleares que investigó esta presunta trama de corrupción y a otro agente que intervino en el caso.

Según han indicado fuentes policiales, las detenciones se ha producido esta mañana por orden del juez Miguel Florit, que abrió una pieza secreta por la filtración a la prensa de información y que la semana pasada ordenó la incautación de los teléfonos móviles de dos periodistas.

El inspector, que en la actualidad está asignado al equipo de Informática de la Policía Nacional en las islas, ha sido detenido en la sede de la Jefatura en Palma, y luego puesto en libertad con cargos. En la misma situación ha quedado el segundo agente.

En la pieza secreta en la que Florit ordenó la requisa de equipos informáticos de periodistas, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, se persigue determinar el origen de filtraciones como la de un informe sobre la actividad fiscal de las empresas de Cursach que publicaron distintos medios el pasado 5 de julio.

Fueron el propio Cursach y el exdirector general de su conglomerado empresarial, Bartolomé Sbert, quienes denunciaron la difusión de esa información.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha admitido este martes a trámite la querella de los dos periodistas y sus empresas, Diario de Mallorca y Europea Press, contra el juez Florit por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional.

El Tribunal Superior de Baleares ha designado instructora de la causa, que declara por el momento secreta, a la magistrada Felisa Vidal. La Fiscalía Anticorrupción presentó este lunes al juez instructor su escrito de acusación en el caso Cursach, en el que atribuye al empresario Bartolomé Cursach delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de 8,5 años de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide condenas que suman 171 años.